"De dinero opaco nada de nada", "todo es legal". El ex consejero de Empleo y actual secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, compareció ayer hora y media para dar explicaciones de la presunta trama de ERE fraudulentos financiados con fondos públicos que investiga un juzgado sevillano.
Viera salió al paso de las informaciones publicadas sobre la presencia de su cuñado en un Expediente de Regulación de Empleo. Un ERE que defendió es "correcto y legal" (su cuñado llevaba 42 años trabajando en la empresa Cuerotex y "no obtuvo trato de favor"), que se firmó cuando él ya no estaba en la Consejería. Pidió explicaciones por el "daño moral" ocasionado a su familia y denunció una "cacería política" organizada por el PP para sacar rédito en la provincia de Sevilla.
El secretario general del PSOE de Sevilla acudió acompañado de alcaldes y cargos públicos [el presidente de la Diputación, los regidores de Alcalá, Dos Hermanas y Los Palacios, el portavoz en el Ayuntamiento o el secretario general de Vivienda, entre muchos]. Llevó un acta notarial que acredita la versión sobre el ERE de su cuñado y dijo que entregaría un poder notarial al PP para que investigara su vida privada.
Viera defendió su gestión al frente de la Consejería de Empleo, desde 2000 a 2004. La investigación judicial ha puesto bajo sospecha todos los ERE financiados por la Junta desde 2002. La jueza investiga una presunta "trama" de prejubilaciones falsas, que alcanza ya a casi 40 empresas, con diez detenidos y varios protagonistas: un ex director general de Empleo (Javier Guerrero), un sindicalista y conseguidor de las ayudas (Juan Lanzas) y dos compañías aseguradoras bajo sospecha que habrían suscrito la mayoría de las pólizas: Vitalia y Uniter. Entre los falsos prejubilados han aparecido hasta cinco militantes socialistas.
Un informe de la Policía cuestiona abiertamente el proceso seguido por el Gobierno para conceder estas ayudas a empresas en crisis y asegura que las subvenciones eludieron los controles administrativos, vulneraron la Ley de Hacienda Pública y se concedieron de forma arbitraria.
Viera negó todos estos extremos. La Junta definió como "una política prioritaria" estas ayudas "a empresas en crisis con un impacto sociolaboral dramático" y que buscaban que "miles de trabajadores no quedaran a la intemperie".
Por eso él fue el encargado de firmar en 2001 un convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para que estas subvenciones se tramitaran a través de la empresa pública. Una fórmula, que canalizó hasta 647 millones de euros, que cuestiona la Policía, que considera que al convertir al IFA en pagador se evitaban los controles. Viera dijo que se hizo "para agilizar las ayudas y hacer más operativa la relación entre la Consejería y los trabajadores". Defendió que cuando estampó su firma, ese convenio contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos del Gobierno.
Un informe interno de la Intervención General de Hacienda, desvelado por el Gobierno andaluz, puso en duda ese procedimiento en 2005 (reiteraría el aviso en 2006 y 2007). Viera aseguró que como consejero "en ningún caso" recibió un aviso de este tipo. ¿Por qué los servicios jurídicos avalaron un procedimiento que se puso en duda años más tarde? El ex consejero aseguró que todos los procedimientos administrativos con el tiempo "se van haciendo más garantistas".
El dirigente socialista defendió que las ayudas se tramitaban conforme a la Ley de Subvenciones, como ayudas individuales a trabajadores y no como subvenciones a empresas. Sobre su relación con el director general de Trabajo (investigado como uno de los presuntos cabecillas de la trama y que declaró a la Policía que disponía de "un fondo de reptiles" de 647 millones), dijo que lo conocía de su etapa como alcalde de El Pedroso y que cuando llegó a la Consejería lo mantuvo en el cargo después de "varias llamadas de los agentes económicos y sociales" asegurándole que era "un magnífico director general".
Viera alegó que este alto cargo, para quien también pidió la presunción de inocencia, era "quien custodiaba los expedientes y tenía la potestad de incorporar recursos económicos". El ex consejero declaró que no seguía al detalle los ERE de empresas pequeñas pero sí estuvo al tanto de conflicto mayores como el de Boliden o Santana, que compartió con el presidente Manuel Chaves.
Sobre si hubo irregularidades en estos ERE, Viera dijo desconocerlo. ¿Qué ha fallado?: "En la jerarquía de cualquier institución hay una relación de confianza, si se quiebra siempre hay la posibilidad de una estafa".
Viera aseguró que nunca le llamó la atención que siempre fueran las dos mismas aseguradoras las que suscribieran las pólizas y recalcó que en el trámite de un ERE también está implicado el Ministerio, a través de sus inspectores, y el INEM, que conoce la vida laboral de los trabajadores.
El PP laseguró -sin dar detalles- que habrá "más diputados socialistas implicados" en el caso de las prejubilaciones irregulares. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, puso el foco en el que, según él, "pasará a la historia como el diputado más breve del Parlamento". Fuentes del PP señalaron que se refería al socialista Ramón Díaz, que mañana tomará posesión de su escaño por Sevilla en sustitución de Evangelina Naranjo. Díaz, ex directivo de UGT, fue asesor laboral en la Consejería de Empleo desde octubre de 2005 hasta abril de 2008 (con Antonio Fernández), en un puesto de confianza, encargado de mediar en conflictos laborales, explicaron fuentes del PSOE. Su nombre aparece en el acta final del cierre de Delphi. Desde el PSOE defienden que "no negoció ni intervino en ningún ERE".
