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Vílchez alega ahora estar "atado" por el pacto de Ikea y Monteseirín

El delegado de Urbanismo apunta que el anterior alcalde ya prometió el cambio puntual del PGOU

el 29 jul 2011 / 17:25 h.

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    El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente y concejal del PP, Maximiliano Vílchez, quiso responder a las acusaciones de IU de que estaba abriendo la puerta a los "especuladores" urbanísticos sacando a la luz en el Pleno el convenio y el protocolo que el anterior alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, firmó en noviembre de 2010 con Ikea. Un documento que, según Vílchez, "nos deja atados", aunque no pasó por ningún órgano de la Gerencia de Urbanismo y, por tanto, no se aprobó.

     

    De hecho, en el texto se apunta que el convenio urbanístico debe aprobarse por el Consejo de gobierno de la Gerencia y ratificarse por el Pleno, así como publicarse en el Boletín Oficial. Sólo se aprobaría, según el documento, después de superar estos trámites. Además, pese a que Vílchez denunció que el protocolo y el convenio no estaban en el expediente de Ikea, dichos documentos eran públicos porque el propio exalcalde Monteseirín los anunció. Incluso se convocó una rueda de prensa con los responsables de Ikea.

    Lo cierto es que en el convenio se recoge el compromiso del Consistorio de "impulsar y tramitar" la modificación puntual del PGOU para el desarrollo del proyecto de la multinacional sueca. Una modificación que, según los socialistas y el propio redactor del Plan General (el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras), es estructural y, por tanto, requiere la aprobación de la Junta.

    Con todo, el convenio de 2010 con Ikea también recoge que se deben elaborar informes técnicos y jurídicos para llevar a buen fin el proyecto de la multinacional, parado por los socialistas por las dudas técnicas y jurídicas que surgieron posteriormente.

    El portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que presentó una moción para rechazar cualquier intento que signifique subvertir la legalidad urbanística y apoyar las inversiones que no supongan una quiebra de la norma (como las de Heineken o Abengoa), invitó a Vílchez a apoyar su propuesta si tanto le "escandaliza" el convenio del anterior gobierno, pero obtuvo el voto negativo de PP. Para Torrijos, Ikea "chantajea" al Consistorio con posiciones como "o tragáis o me voy a otra ciudad". Según dijo, pretende pactar con los dueños del suelo para lograr más edificabilidad y, con ello, plusvalías para financiar gratis su tienda.

    "¿De qué chantajes o humillaciones estamos hablando?", preguntó Vílchez en la réplica ante los ataques de IU y del PSOE contra la disposición del Gobierno municipal a modificar el PGOU. El delegado admitió que tal documento no se llevó al Consejo de la Gerencia y recalcó que está en juego una inversión de 200 millones de euros.

    El concejal del PP defendió que lo que pide Ikea no es una recalificación porque los suelos siguen siendo terciarios, que no hubo un informe negativo de Aviación Civil por la afección al aeropuerto, que sí se presentó un estudio de tráfico y accesibilidad, así como subrayó que el convenio de 2010 reconoce que no computan a efectos de edificabilidad las zonas comunes de circulación, ciertos locales y, entre otros aspectos, los aparcamientos.

     

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