María Teresa, María de los Ángeles, Jorge, Irene, Sonia y Verónica, así como sus familias, respiraron por fin aliviadas en la tarde de ayer cuando se les informó de que el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, había anunciado en el Pleno que Emvisesa retirará la denuncia por la usurpación ilegal de las viviendas vacías de Nuevo Amate.
Estas personas, que ocuparon estos pisos municipales para hacerse oir y lograr una vivienda social que puedan pagar, abandonaron dichos pisos la pasada semana precisamente porque habían sido llamados a declarar en un juzgado sevillano como imputados por un presunto delito de usurpación. Entonces decidieron hacer lo que el propio alcalde les dijo, acudir a Emvisesa, pero no fueron atendidos por nadie del Ayuntamiento hasta una semana después.
El propio Vílchez, la delegada de Asuntos Sociales, María Dolores de Pablo-Blanco, y el gerente de Emvisesa, Miguel Contreras, recibieron a los ocupas y le prometieron estudiar su caso de forma individual. Fue entonces cuando pidieron perdón, algo que Vílchez destacó ayer en el Pleno antes de anunciar que retirarán la denuncia contra estas familias.
Ya PSOE e IU habían solicitado tal medida para no incrementar «el sufrimiento» de estas personas, que en alguno de los casos llevan desde 2011 esperando una VPO o una vivienda social.
Juan Manuel Flores, concejal socialista, preguntó al Gobierno local qué motivos han llevado al Ayuntamiento a mentir a la opinión pública afirmando a través de su portavoz que ninguna de las personas que han hecho uso de las viviendas de Nuevo Amate sin título estaba inscrita en el Registro de demandantes de vivienda pública, así como si se han estudiado ya estos casos, si estas familias van a ser realojadas y quién dio la orden a la Policía Local para evitar que las familias que ocupaban los pisos vacíos pudieran salir bajo la amenaza de que en este caso no podrían volver a las mismas. Además, el socialista también preguntó cuándo van a ser adjudicadas las 150 viviendas vacías de Nuevo Amate y a través de qué procedimiento, cuántas viviendas desocupadas tiene Emvisesa, cuántos expedientes hay abiertos para cambiar VPOen régimen de venta a alquiler y cuándo se van a adjudicar las VPO restantes.
El portavoz y coordinador de IU, José Manuel García, por su parte, también preguntó al delegado de Urbanismo por estos temas, si bien sólo obtuvo respuesta a las dos primeras preguntas de las diez que había presentado.
Y es que Vílchez mantuvo que la mayoría de los ocupas no tiene regularizadas sus solicitudes de una vivienda social o VPO, que el método del asalto a las viviendas vacías no es el correcto y que la adjudicación de las viviendas de protección oficial se está llevando a cabo por el procedimiento habitual, que es largo, de ahí los retrasos a la hora de entregar las llaves de las nuevas VPO.
Según los últimos datos conocidos del propio Ayuntamiento, Urbanismo tiene una veintena de pisos sociales vacíos, mientras que Emvisesa podría tener unas 400 VPO sin adjudicar. Sin embargo, en Sevilla hay una lista de 15.000 demandantes de vivienda protegida y 700 personas esperan un piso social.
