El presidente de la Diputación Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, trató ayer de desmontar los entresijos de la reforma de la administración local que actualmente se encuentra en fase de anteproyecto y que el Gobierno central pivota, entre otras cuestiones, en el ahorro que cosecharía. Sin embargo, en el caso de los ayuntamientos de la provincia de Sevilla las cuentas indican lo contrario, puesto que su aplicación, tal y como está redactada, supondría aumentar un 16,3% el número de alcaldes y concejales con dedicación exclusiva y que tienen, por tanto, derecho a sueldo.
La lectura que se extrae es que los municipios más pequeños, de menos de 2.000 habitantes, son los que saldrían más perjudicados, ya que solo podrían mantener 9 representantes con dedicación exclusiva frente a los 17 actuales sobre un total de 116 cargos electos. También perdería el Ayuntamiento de la capital, porque de los 33 miembros de su Corporación, 29 están liberados para la tarea pública y tendría que reducirlos a 25. De ahí que mostrara su "perplejidad y rabia" por la falta de reacción desde el equipo de Juan Ignacio Zoido al anteproyecto.
"Salvando esas excepciones, la reforma produce el efecto contrario", puesto que en las poblaciones de entre 10.000 y 200.000 habitantes abre la puerta a incorporar más concejales con dedicación exclusiva, un 16,3% más. Es más, aplicando la nueva ley y atendiendo a la representatividad de su partido, "el PSOE podría tener hasta un 39% más de cargos" con estas características, una contradicción que se halla "fuera del sentido común" y con la que mostró su "desacuerdo".
Por esta razón, el presidente de la Diputación reclamó que se revise "con sensatez" y tranquilidad el texto de la reforma, así como consensuar y flexibilizar las posturas. En este sentido, señaló que tras la reunión mantenida el pasado día 4 con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, percibe un cambio de tono en el discurso, más conciliador. Y es que hasta dirigentes del PP han mostrado su disconformidad con el contenido de la reforma.
A su juicio, el debate sobre los sueldos pretende encubrir otras cuestiones, entre ellas, que no se cumplen las estimaciones de ahorro -7.100 millones- que el Gobierno asegura que cosechará con las actuales propuestas, puesto que "suprimir mancomunidades y entidades locales no llega al 1% del ahorro anunciado" y la supresión de sueldos de concejales -menos del 80% de los cargos reciben remuneración, detalló- "supone menos del 2% de la cifra que dicen que se dejará de gastar", de ahí que hablara de "intenciones" ocultas como "eliminar la representatividad política en zonas rurales o municipios pequeños en los que el PP apenas tiene cuota.
Sí se mostró partidario, por contra, de que las mancomunidades y entidades locales, como los ayuntamientos, "estén obligados" a presentar sus números anuales ante la Cámara de Cuentas porque "esto no es Jauja".
Rodríguez Villalobos criticó el actual contenido de la reforma local en el ciclo de conferencias de la Fundación Antares Foro, arropado por numerosos alcaldes y concejales de la provincia, y por varios consejeros autonómicos, entre ellos, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, en una intervención en la que fue presentado por la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz.
Continuas fueron sus alusiones al refranero popular y al hablar de los pueblos para "desenmascarar" ante sus alcaldes -que le rindieron un caluroso y largo aplauso cuando concluyó su conferencia- una reforma que no es lo que dice ser.
Por un lado, esgrimió, porque se plantea la deuda local como argumento para colocar a los pequeños ayuntamientos bajo la tutela central, pese a que representa el 4,5% de la deuda pública total.
Por otro, se establece que el ahorro llegará por traspasar competencias municipales en materia de educación, servicios sociales y sanidad a comunidades autónomas y diputaciones, pero se preguntó cuánto costará, en tiempo y dinero, "reparar un grifo de un colegio" si es un servicio subcontratado que se presta a escala comarcal. "Esto nos lleva a pensar que si el ahorro llega es porque van a dejar de prestarse servicios en los municipios".
Arremetió contra el vaciado de contenido a los ayuntamientos que, implica, en su opinión, "dejar sin servicios" a los vecinos y alertó de la privatización de los que dejarán de prestar el ayuntamiento como dependencia y servicios sociales.
"Los consistorios no son objetos ni peluches a los que manipular", espetó, y reiteró la reivindicación de que aumenten los ingresos que les destina el Estado, actualmente el 12%, al poner el valor la cercanía de esta administración con los ciudadanos.
Y terminó como empezó. Tirando de refrán: "Bien estará lo que bien acabe", lanzó al Gobierno para que rectifique.
"Es un paso atrás en igualdad y contra la violencia de género"
La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, consideró ayer que la reforma de la administración local del Gobierno central "va a suponer un paso atrás sin precedentes en la implementación de las políticas de igualdad y contra la violencia de género", ya que elimina las competencias que, en esta materia, ejercen las entidades locales.
Díaz fue la encargada de presentar la intervención del presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos titulada La reforma local, una intromisión en la autonomía municipal. La consejera afirmó que este cambio "no sólo supone un auténtico ataque a la autonomía local y devuelve a los ayuntamientos a niveles de los años 70", sino que va en contra del Estatuto de Autonomía de Andalucía y supone "mutilar uno de los pilares de la democracia".
Criticó que esta reforma "pretende abrir al negocio privado las pocas cosas que aún mantienen la mirada de lo público". Se refería a los servicios públicos de agua y de recogida de basuras.
La consejera aludió al distanciamiento hacia los políticos. "Si hay algo que recortar de verdad es la desafección que siente la ciudadanía hacia la política y los políticos", que afecta a todos los partidos a los que reclamó "actitudes ejemplares".
