«No nos vamos a quedar con los brazos cruzados si prospera la enmienda de adición del PP que reduciría a 14 los 89 supuestos a los que destinar el superávit cosechado por la Diputación de Sevilla en 2012». Así de contundente se mostró ayer Fernando Rodríguez Villalobos sobre la aplicación de estos fondos que ascienden a 39,2 millones de euros y sobre los alcaldes de la provincia reunidos el pasado viernes piden «de manera unánime» emplearlo en programas de empleo y en reforzar las políticas sociales, como la ley de dependencia.
«Ya nos hemos comido un año con esto. El Gobierno [por el central] debe abrir los supuestos de inversión sin exclusiones», señaló Rodríguez Villalobos, quien desveló, no obstante, que la Diputación cuenta con un «plan B» para el caso de que finalmente prospere la enmienda del PP en el Congreso de los Diputados:«Nuestras áreas de Gobierno ya trabajan en una alternativa para que todos los pueblos puedan beneficiarse de estas inversiones». La idea que se baraja pasa por emplear el dinero en base a la nueva ley en proyectos turísticos, «como la red de senderos, oficinas de turismo y la creación de nuevos productos»; para promoción económica, «a través de espacios homologados»; en cohesión territorial, «renovando carreteras y señalizaciones, que están muy deterioradas»;para sostenibilidad, «con la sustitución de las luminarias tradicionales por las de tecnología leed», y en la red de agua, «tanto mancomunada como a nivel municipal»; y «en un plan de reactivación de las interconexiones y comunicaciones entre los pueblos».
Pero como señaló Villalobos «aún no hay una última palabra sobre el superávit», la hoja de ruta a la espera de que se pronuncien las Cortes será seguir insistiendo en «el sentir unánime» de los alcaldes para que estas partidas vayan a todos los municipios y no solo a los que tienen superávit. En este sentido, el máximo responsable de la Diputación destacó que si sale adelante la propuesta delPP «se perderá todo el gas». Para advertir de este panorama, se ha enviado una carta al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reclamando que su departamento «abra los supuestos» para que no medien «exclusiones».
La enmienda de adición del PP, propone una serie de «requisitos» para que una inversión sea considerada como «financieramente sostenible», como, por ejemplo, que tenga «una vida útil» nunca inferior a cinco años, que «genere un aumento de ingresos en ejercicios futuros» o que se ajuste «exclusivamente» a 14 supuestos concretos de la orden que regula la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Los supuestos aluden al saneamiento y abastecimiento de agua, la recogida y el tratamiento de residuos, el alumbrado público o la ordenación y promoción turística. En ese sentido, Rodríguez Villalobos avisó de que la aplicación del superávit podría «perder todo el gas» si prospera en las Cortes Generales esta enmienda, pues los supuestos en cuestión no incluyen específicamente aspectos como las «políticas sociales», toda vez que uno de los «requisitos» propuestos por el PP canaliza a través del capítulo seis de las administraciones locales los gastos de estas inversiones, con lo que los servicios o actuaciones serían contratados «por concurso» y no por «administración directa».
Tal extremo, así, impediría que prevaleciesen el tejido empresarial local y la mano de obra autóctona a la hora de las contrataciones. Y es que la Diputación proponía aplicar los mencionados 39,2 millones de euros mediante las «fórmulas» de los planes provinciales, con lo que un municipio de menos de 5.000 habitantes recibiría entre 210.000 y 280.000 euros, uno de entre 5.000 y 10.000 habitantes recibiría de 280.000 a 300.000 euros, uno de entre 10.000 y 20.000 habitantes de 350.000 a 500.000 euros, uno de entre 20.000 y 50.000 euros de 500.000 a 800.000 euros, uno de entre 50.000 y 75.000 habitantes entre 800.000 euros y un millón, y finalmente los municipios de más de 100.000 habitantes recibirían 1,5 millones de euros.
