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Villalobos espera que la reforma local quede en «una mala pesadilla» para los consistorios

El presidente provincial se congratula del dictamen del Consejo de Estado sobre la ley

el 06 jun 2014 / 23:47 h.

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Después de que el Consejo de Estado indicara, previa valoración del Tribunal Constitucional, que varios artículos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local –más conocida como Ley de Reforma de la Administración Local– son injerencias en la autonomía municipal, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, aseguró ayer que es «una gran noticia para el municipalismo». De hecho, Villalobos augura que «si los acontecimientos siguen esta misma línea, todo quedará en una mala pesadilla para los ayuntamientos». Aunque cabe destacar que el dictamen no es de carácter vinculante, sí pesará en las consideraciones tomadas por el Constitucional. Para el regidor provincial «las líneas que el Consejo de Estado dejan entrever en sus argumentaciones confluyen con las tesis que venimos sosteniendo en clave municipalista desde que el gobierno de Rajoy comenzara a arremeter contra los ayuntamientos». Asimismo, el regidor provincial se congratuló ayer de que el miércoles el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reconociera que tendrán que revisar la reforma local para adecuarla a lo que apunta el Consejo. Villalobos puso el acento en el apartado donde el Consejo de Estado se refiere al artículo de la reforma que atribuye a la Junta de Gobierno municipal la aprobación de planes económico-financieros en detrimento del plenario. Al respecto, el dictamen considera que el «órgano de representación política de los municipios es el Pleno formado por el alcalde y los concejales elegidos democráticamente» y que, la Junta de Gobierno solo tiene carácter ejecutivo, con un alcalde y concejales nombrados libremente por él, que no responden a la representatividad del plenario. El regidor provincial volvió a remarcar ayer su posición sobre el artículo que obliga a las Diputaciones a prestar servicios mínimos en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Villalobos es reticente ya que opina que «la diputación no tiene que ser tutor ni centinela ni policía de nadie». En definitiva, según Villalobos, «al PP le están desmontando poco a poco su reforma local por inconstitucional, como lo demuestra el hecho de que han sido 2.400 municipios los que han planteado conflicto en defensa de la autonomía municipal, en representación de 17 millones de ciudadanos». Por su parte, el portavoz del grupo Popular en la Diputación, Eloy Carmona, insistió en que la reforma local «era una necesidad urgente» ya que «las administraciones públicas se habían quedado obsoletas y además es necesario aligerar la administración pública en beneficio de los ciudadanos». Carmona opina que el PSOE quiere «crear una cortina de humo», ya que la reforma «no elimina consorcios y mancomunidades, pero si acaba con los chiringuitos en los que muchos entes públicos se han convertido». El portavoz popular añade que a los socialistas «no le interesa la reforma local porque con ella se pone fin a su modo de vida basado en el despilfarro, el oscurantismo y el uso partidista de las administraciones».

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