Campanario ha manifestado ante el tribunal que ella no entiende "de leyes ni de pactos", solo que es "inocente de los delitos que se me imputan", lo que, según ha recordado, ha mantenido "desde el principio" y asegura que va a "seguir manteniendo".
Por su parte, otro de los acusados que ha querido tomar la palabra antes de la finalización del juicio ha sido Carlos Carretero, que ha pedido "perdón" por el daño causado.
El juicio de la Operación Karlos comenzó el 11 de abril y surgió a raíz de unas escuchas telefónicas que se le estaban realizando a Carlos Carretero con motivo de una investigación por otra causa, la Operación Halcón.
Este hecho motivó que las defensas reclamaran la nulidad del proceso y, por tanto, el sobreseimiento de la causa, alegando el desconocimiento de la Fiscalía sobre las escuchas, lo que, a su juicio, crea un proceso de indefensión. Por su parte, la Fiscalía defendió la investigación, llegándola a calificar de "impecable". Finalmente, tras las cuestiones previas, el juez, Manuel Grosso, dio por buenas las escuchas y la investigación.
DECLARACIONES
Durante su declaración, Carlos Carretero reconoció los hechos y señaló que el dinero que pedía a los que solicitaban las pensiones lo hacía en función de la cuantía que les iba a quedar y porque se iban a beneficiar de cobrar casi un año más que si la tramitación fuera "por vía normal", ya que Francisco Casto -inspector médico acusado- conseguía que la pensión fuera aprobada en tres o cuatro meses y por vía normal podía tardar unos 18 meses.
Por su parte, el inspector médico Francisco Casto declaró sentirse "engañado" por Carretero y haber "pecado de pardillo". Defendió su inocencia haciendo un repaso del funcionamiento de la Administración para argumentar que los clientes a los que él había hecho reconocimientos le venían designados por un equipo administrativo y no de forma aleatoria. Además, aseguró que "nunca" había recibido dinero de "ninguna persona" y que "jamás" había aceptado un regalo.
María José Campanario y su madre, Remedios Torres, basaron su declaración de inocencia en que fueron "engañadas" por Carlos Carretero, ya que ambas defendieron que lo que querían era que le fuese revisada una invalidez que Remedios Torres tenía reconocida desde finales de los años 90 que entonces era del 54 por ciento. Además, ambas negaron conocer que iba a ser suplantada en un reconocimiento médico.
CONCLUSIONES
En las conclusiones finales, el fiscal argumentó que María José Campanario y su madre, Remedios Torres, eran conocedoras de que lo que se estaba tramitando era una pensión laboral y no una revisión de la minusvalía de Remedios Torres, como ambas han defendido desde el principio del proceso.
En cuanto al inspector médico Francisco Casto Pérez Lara, el fiscal consideró "realmente grave" los hechos, ya que "es un funcionario público sobre el que descansaba la sociedad para que no ocurriera lo que ha ocurrido" y ha añadido que "él estaba allí para que no hubiera fraude y traiciona esa función", siendo él mismo que supuestamente ha cometido fraude.
Además, manifestó que durante su declaración fue "hilando unos datos con otros a su antojo que son radicalmente falsos". Asimismo, dijo que Francisco Casto, durante su declaración, "no hace apenas mención a las conversaciones telefónicas", que a juicio del fiscal, "son una prueba fundamental", ya que hace ver que "toda su declaración es falsa". En este sentido, calificó las conversaciones como "una losa granítica sobre el acusado".
Durante sus conclusiones, el fiscal quiso justificar la rebaja en las penas solicitadas para aquellos acusados que llegaron a un acuerdo, como es el caso de Carlos Carretero. En este sentido, justificó la rebaja en el propio reconocimiento de los hechos y en la reparación del daño, así como en el "desgaste del banquillo".
ENVUELTOS POR LO MEDIATICO
Por su parte, las defensas del inspector médico Francisco Casto Pérez Lara y de María José Campanario y su madre, Remedios Torres, coincidieron a la hora de plantear en sus conclusiones finales que las acusaciones (Fiscalía, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Junta de Andalucía) se había dejado envolver por lo mediático del caso de la Operación Karlos.
En este sentido, el letrado de Campanario y su madre, Francisco Baena Bocanegra, se llegó a preguntar, retóricamente porque se contestó con un rotundo no, si sería lo mismo este juicio si no estuviera la mujer del torero y su madre.
Baena Bocanegra llegó a afirmar, "con tristeza", que "este es el juicio de la Campa" y añadió que "este juicio empezó hace cinco años". Además, manifestó que "este clima mediático que ha rodeado el caso ha pasado una dura cuenta", ya que "las acusaciones no se han sabido sustraer a ese espíritu, fundamentalmente el fiscal".
Por su parte, Felipe Meléndez, abogado del inspector médico Francisco Casto, también manifestó que las acusaciones "han perdido el norte" con respecto a "los tribunales de la calle" y lo de aquí.
En este sentido, señaló que "para la calle" una conversación en la que se dice que han matado a alguien es diferente que para una sede judicial, donde se puede anular esa escucha. Así, manifestó que "aquí (en sede judicial) no puede pasar lo que se quiere fuera (en la calle)".
Meléndez cuestionó también los acuerdos a los que ha llegado la Fiscalía con algunos de los acusados, entre los que se encuentran Carlos Carretero (uno de los principales cabecilla) y su novia Elisa Calvente.
El letrado señaló que en este caso "no ha habido conformidad", sino que "ha habido un pacto en toda regla y una bonanza absoluta de lo que son las penas". Además, añadió que es algo que "se sabía de antemano" y afirmó que "un pacto es algo que no se puede permitir, fuera (en la calle) a lo mejor sí, aquí (en sede judicial) no".
PENAS SOLICITADA
El Ministerio Fiscal solicitó para el inspector médico Francisco Casto un total de nueve años de prisión por los delitos de falsedad en documento oficial y cooperación necesaria para estafa.
Asimismo, para Carlos Carretero -tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía- reclamó cuatro años de prisión por los delitos de estafa y cooperación necesaria para un delito de falsedad. Por otra parte, para María José Campanario y su madre, Remedios Torres, pidió dos años y nueve meses de prisión para cada una por estafa y cooperación necesaria para delitos de falsificación.
Igualmente, solicitó una condena de dos años de prisión para Elisa Calvente (novia de Carlos Carretero) y otros dos para José Luis López 'El Turronero'. Ambos también habían llegado a un acuerdo previo con el Ministerio Fiscal.
