La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, este viernes, en Córdoba. / Rafa Alcaide E.P. / D.C. Un día después de que el Tribunal Constitucional anulara de forma cautelar la ley antidesahucios, la consejería de Vivienda hizo ayer un llamamiento a las familias en riesgo de desalojo para que acudan a las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Estas oficinas una en cada provincia abrieron el año pasado, cuando se aprobó el decreto ley antidesahucios, y están ubicadas en las delegaciones territoriales de Vivienda. Su principal función es proporcionar información a los afectados por un proceso de ejecución hipotecaria, orientarles y ayudarles a rellenar la documentación necesaria para solicitar que la Junta intervenga, en aplicación de la ley antidesahucios, para expropiarle al banco la casa antes de que éste les expulse de ella. En Andalucía sólo se han culminado dos expropiaciones, han quedado 39 en proceso y unas 200 bajo estudio. Pero según el departamento que dirige Elena Cortés, en un año las oficinas lograron evitar más de 3.261 desahucios en Andalucía. Ahora bien, con la ley suspendida en los tribunales, ¿pueden las oficinas hacer algo por las familias que acudan a pedir ayuda? Cortés cree que sí. Ayer instó a acudir a las oficinas mientras su departamento solicita por escrito al Constitucional que levante la suspensión cautelar contra la ley (tiene cinco meses de plazo para hacerlo) hasta que los jueces resuelvan. También se dirigirá a los tribunales ordinarios que tramitan 39 procesos de expropiación de viviendas a familias desfavorecidas para reclamarles que, por ahora, no ejecuten los desahucios. Cortés confía en que el Constitucional no apure los cinco meses y levante la suspensión antes. Sin embargo, el consejero de Justicia, Emilio de Llera, ofreció ayer un mensaje muy distinto, que enfrió las expectativas de los afectados. De Llera ve difícil que los jueces accedan a no ejecutar los desalojos hasta que el Constitucional no pronuncie una sentencia. Sería deseable. Pero desgraciadamente hay pocos visos de que el Gobierno permita que el Alto Tribunal alce la medida, dada la actual composición del TC y su sesgo pro-PP, dijo. Desde Córdoba, la consejera de Vivienda anunció que a pesar de que el Gobierno haya forzado por las bravas la paralización cautelar de la ley, sin aportar ni un solo argumento jurídico solvente, vamos a continuar trabajando por los mismos objetivos, aludiendo a las oficinas antidesahucios como una herramienta útil y eficaz. Ayer mismo Cortés firmó la adhesión de 12 nuevos ayuntamiento al programa de municipios que cuentan con oficinas de asesoramiento contra desahucios (en total son 251, un tercio de los ayuntamientos andaluces). La foto de Botín // Entretanto, los populares salieron ayer en tromba para defender que la ley hipotecaria del Gobierno de Rajoy ya protege a las familias desfavorecidas de los desalojos. Durante una junta directiva, el líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, criticó a la presidenta Susana Díaz porque un día se hace una foto con Emilio Botín [presidente del Banco Santander] y al siguiente está defendiendo una política expropiatoria con los bancos, en alusión a la ley antidesahucios. La foto de Díaz con el mayor banquero del país, tras la concesión de un crédito de 500 millones para inyectar liquidez a la Junta, ha escocido tanto en el PP como en IU por razones diametralmente opuestas. Los populares creen que el gesto de Botín con Díaz ha sido gracias al Gobierno de Rajoy. Hace unos meses la Junta tenía cerrada las puertas de la financiación privada. Ahora se mantiene a flote gracias a las reformas de Rajoy que el Ejecutivo de Díaz tanto critica, advirtió. Zoido aclaró que porque el Constitucional haya paralizado la ley andaluza, no va a haber más desahucios, porque la ley de Rajoy ampara a las familias desfavorecidas. El líder popular instó a Díaz a aprobar el plan andaluz de vivienda, ejecutar el presupuesto íntegro de este departamento y colaborar en la materia con los ayuntamientos.