Unos 550 municipios andaluces están inmersos en la aprobación de sus registros públicos de demandantes de VPO. Serán obligatorios cuando se apruebe la Ley de Vivienda en febrero y fijarán la demanda real de pisos protegidos que hay en un lugar. Los municipios tendrán que ajustar su oferta de VPO a las necesidades que reflejen los registros y se acabarán los sorteos. La mayoría de los ayuntamientos aún no ha aprobado los criterios que determinarán las futuras adjudicaciones, pero la Junta avisó ayer de que, aunque "respetará" la autonomía local a la hora de fijar sus condiciones, no podrán rebasar la "línea roja" que marca el Gobierno.
"La consejería vigilará que se cumplan los requisitos mínimos que fijamos en su día. No va a haber desigualdades de acceso a la VPO", advirtió el titular de Vivienda, Juan Espadas. Algunos consistorios del área metropolitana quieren primar a los ciudadanos que vivan y trabajen allí. Otros, en igualdad de condiciones, pretenden beneficiar a sus vecinos y pedirles a cambio de tres a cinco años de empadronamiento en el lugar. Todo esto es "razonable", según Espadas, quien recordó que el "límite" está en coartar la "libertad de circulación" de los ciudadanos, que tienen el derecho de inscribirse en tres registros distintos para optar a un piso en varios municipios. "Vamos a analizar ordenanza por ordenanza y obligaremos a cambiar lo que haga falta", aseguró el consejero. Los ayuntamientos tienen abierto el periodo de alegaciones por si los ciudadanos entienden que no se respetan los criterios mínimos.
