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Vivienda y elecciones

A las puertas de unas elecciones autonómicas de profundo calado a la hora de dar otro paso importante en la consecución de los fines del Estado social en nuestra Comunidad, el problema de la vivienda se presenta como uno de los...

el 14 sep 2009 / 23:52 h.

A las puertas de unas elecciones autonómicas de profundo calado a la hora de dar otro paso importante en la consecución de los fines del Estado social en nuestra Comunidad, el problema de la vivienda se presenta como uno de los de mayor repercusión social que precisa de rápidas y contundentes soluciones. Por ello, atendiendo a la creciente demanda que sobre esta materia existe, se debe acometer una regulación que dé cumplimiento al principio de igualdad material en este ámbito tan consustancial a la consecución del libre desarrollo de la personalidad.

Con la afirmación de la dimensión social o pública de la propiedad, el acceso a la vivienda se incluye como uno de los derechos que conforman el Estado social, consecuencia ésta de la superación del concepto de vivienda como objeto de propiedad privada, esfera hasta entonces inaccesible para la acción del Estado. Por ser una de las necesidades humanas fundamentales constituye especial objeto de protección por parte de los poderes públicos, al ser uno de los principales problemas que acucian a la sociedad contemporánea y, en concreto, a determinados grupos dignos de especial atención. En este sentido, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, tal y como se plasma en nuestra Constitución, requiere de una política activa por parte de los poderes públicos estatales, autonómicos e incluso locales, para alcanzar su efectividad.

Ciertamente, la Comunidad Autónoma de Andalucía es uno de los sujetos afectados por el mandato constitucional y, por ello, eleva al Estatuto su compromiso de realizar promociones públicas de viviendas y de orientar sus actuaciones hacia el uso racional del suelo, indicando la necesidad de que una ley regule el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten.

Es cierto que el camino se ha comenzado a andar y que ya existen determinados colectivos que reciben una especial atención en la política andaluza de vivienda, al ser grupos sociales con especiales dificultades, como los jóvenes, los mayores, las personas con discapacidad, las víctimas del terrorismo, las familias monoparentales, los procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares, las víctimas de la violencia de género y los emigrantes retornados. En la actualidad, tanto planes estatales como autonómicos recogen las líneas orientadoras de la política de vivienda. No obstante, se precisa una ley de acceso a la vivienda que haga real la satisfacción de una necesidad tan perentoria para el efectivo cumplimiento del Estado social en nuestra tierra y que ponga fin al estrangulamiento especulativo que todos hemos soportado en los últimos años.

Por ello, hay que congratularse de la inclusión de este objetivo en la agenda política de quienes nos van a gobernar los próximos años en Andalucía.

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