Tener una casa en el campo o en la playa es el sueño de muchos pero también la pesadilla de los fiscales medioambientales y el resto de encargados de salvaguardar la legalidad urbanística. La crisis ha puesto freno a las grandes promociones pero con lo que no ha podido ha sido con las agresiones puntuales de ciudadanos que siguen actuando impunemente ante la pasividad de las administraciones locales.
El de las parcelaciones ilegales sigue siendo "uno de los problemas más graves que presenta el urbanismo en nuestra comunidad autónoma" y la falta de compromiso para hacer respetar la legalidad urbanística por parte, sobre todo, de los ayuntamientos es "sencillamente escandalosa". Así de contundente es el último informe sobre ordenación del territorio y urbanismo presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que llegó a pedir incluso una reforma del Código Penal para endurecer las penas para los delitos urbanísticos.
Problema social. La Oficina del Defensor maneja cifras que hablan de más de un millar de urbanizaciones al margen de la ley repartidas por toda la geografía andaluza y en las que viven unas 400.000 personas. Estas actuaciones no sólo comprometen al medio ambiente -muchas de ellas se levantan en espacios protegidos- sino que, con el tiempo, han generado problemas de corte social. El motivo, recoge el texto, es que muchos ciudadanos utilizan estas casas como primera vivienda y una vez que los delitos cometidos han prescrito quedan "en una situación de ilegalidad y desamparo". Como consecuencia, continúa, sufren la falta de prestaciones públicas como abastecimiento de agua potable, luz, alcantarillado o servicio de recogida de basura.
Más grave aún, recoge el informe -que resume la actividad de la oficina en los últimos 20 años- son los casos en municipios como Los Barrios o Jerez de la Frontera, en Cádiz; Espartinas, Camas y Coria del Río; o núcleos situados en las cuencas de los ríos, donde familias enteras viven en urbanizaciones construidos en terrenos inundables.
A la hora de depurar responsabilidades, la Oficina del Defensor señala a los propietarios pero también a los ayuntamientos, que consienten "un fraude habitual y conocido" como es solicitar autorización para construir un pequeño inmueble para la guarda de aperos de labranza y luego levantar una vivienda que se utiliza los fines de semana o incluso como vivienda habitual. El informe plantea que estas viviendas no son clandestinas a los ojos de las corporaciones locales y señala que esta impunidad es más evidente en municipios de pequeño tamaño.
La razón de este "mirar para otro lado" de muchos ayuntamientos andaluces se encuentra, por una parte, en "la falta de medios técnicos y jurídicos" para combatir las agresiones y tramitar y concluir expedientes de sanción pero también en la "cercanía y relaciones cotidianas de vecindad entre las autoridades locales y los infractores".
Marco legal. El restringido margen de maniobra de la administración autonómica desde la puesta en marcha de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) es, según el informe, una de las causas de que no prosperen la mayoría de los expedientes sancionadores que se abren a construcciones que no cuentan con ningún tipo de licencia. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sólo puede intervenir en determinados casos y, en otros, sólo puede hacerlo ante la inactividad total del ayuntamiento.
A pesar de la guerra abierta que la Fiscalía de Medio Ambiente ha declarado a este tipo de prácticas -en los tres últimos años se han llevado a cabo sólo en la provincia de Sevilla más de 600 investigaciones de este tipo-, este fenómeno sigue produciéndose y aún siguen abiertas en los juzgados centenares de causas.
Desde el año 1995, existe esta modalidad delictiva en el Código Penal pero ha sido en los últimos años cuando la Fiscalía ha empezado a solicitar condenas más severas ante estos delitos contemplando muchas veces penas de cárcel. También el derribo, una solución drástica a ojos de muchos, se está convirtiendo en una salida muy común. De hecho, el Defensor del Pueblo propone en su informe que en todos los procedimientos en los que las administraciones públicas sean parte demandante soliciten la demolición de lo indebidamente construido.
Acabar con la impunidad de estos delitos y dar a conocer a los ciudadanos que vulnerar la ley de ordenación del territorio puede salirles muy caro son algunas de las reclamaciones del Defensor para acabar con este problema. En su propuesta de reforma del Código Penal sugiere penas de hasta tres años de prisión para promotores, constructores o técnicos responsable de estas construcciones ilegales.
