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Votar por educación

El debate educativo se desdibuja en la pelea sobre los recortes públicos. La enseñanza es la política que más distingue las ideologías, pero los partidos comparten un discurso sobre calidad educativa que les hace iguales

el 14 mar 2012 / 20:12 h.

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La educación es una de las políticas que más claramente diferencian a los partidos y a las ideologías. Cuesta creerlo cuando los mensajes diarios de los candidatos, de la derecha o la izquierda, son coincidentes tanto en los retos educativos como en los problemas que urge resolver. Los objetivos básicos de un buen sistema escolar están muy acotados, pero no tanto el camino para alcanzarlos. Para ser honestos con las propuestas electorales en materia educativa, los partidos deberían centrarse en el cómo. De lo contrario ningún votante les discutirá nada y ningún contrincante les llevará la contraria. ¿Quién no está de acuerdo con una escuela de calidad? ¿Quién no apoya un mayor respeto al profesorado o invertir más en educación o un pacto que dé estabilidad a la legislación educativa?
Estos mensajes calcados que intercambian PSOE, PP e IU han conseguido descapitalizar el valor ideológico de la educación. En la campaña, el tema educativo se ha simplificado y ahora forma parte del pandemonium de los recortes y los riesgos del Estado de Bienestar.

La defensa de un modelo educativo específico parece estar amortizada como herramienta electoral. A falta de margen político y económico para ofrecer propuestas estrella -hace cuatro años fue la beca 6.000-, el PSOE está concentrado en proteger su fuero: un sistema escolar proteccionista con las capas más deprimidas, un sistema equitativo que no deja atrás a los alumnos con más dificultades económicas o de aprendizaje, un modelo que universaliza el derecho a las guarderías, a estudiar con nuevas tecnologías, los idiomas, comedor y transporte escolar subvencionados, aulas matinales y libros de texto gratuitos.

Contrasta su modelo, a salvo de recortes -defiende-, con las políticas de comunidades del PP como Madrid, donde el Gobierno ha restringido su Presupuesto público.
El sistema educativo andaluz es señalado por los organismos internacionales como uno de los más equitativos del mundo. Y, sin embargo, su rendimiento es pobre, su evolución es lenta y las tasas de fracaso y abandono escolar ensombrecen a casi un tercio del alumnado [Andalucía tiene 1,8 millones de estudiantes].


El PSOE ha acuñado una expresión para sintetizar 32 años de educación andaluza: "Hemos conquistado la igualdad, ahora toca la excelencia". En efecto, el estigma de su política educativa es que, comparativamente con otras regiones, invierte menos por alumno y sus resultados son peores. El equipo educativo del PP en campaña aguijonea esa herida. Los populares son resultadistas y les gusta medir las políticas en términos de éxito y de fracaso. Para ellos, Andalucía es un fracaso, y Madrid o Castilla y León, un éxito. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, está jugando un papel relevante en esta campaña. De él es la frase: "Andalucía no puede servir de ejemplo a nadie en educación".


En los últimos años, el PP ha sobrecargado a la Junta con la responsabilidad, casi exclusiva, del bajo rendimiento de los alumnos andaluces. A su vez, la Junta ha sobrecargado a los profesores con la responsabilidad, casi exclusiva, de adaptarse a los frenéticos cambios sociales (nuevas tecnologías, idiomas, inmigrantes...) y de lograr mejores resultados académicos. Si la escuela andaluza no sirve como ejemplo, ¿a quién es atribuible? ¿A la administración, a los profesores?


Ningún dirigente político de ningún partido ha sido capaz de levantar el dedo para señalar a las familias de los alumnos. Sólo algunos expertos en pedagogía han escrito que el Estado de Bienestar malentendido es cuando una familia cree que la escuela pública le otorga el derecho a desentenderse de la educación de sus hijos. Y si sale mal, uno le puede reprochar a la Junta o a los maestros (que al fin y al cabo son funcionarios) que se está haciendo un mal uso de sus impuestos. Al PSOE se le recrimina una política educativa excesivamente asistencial y paternalista, que ha terminado provocando que mucha gente entienda la escuela como un servicio, en lugar de un derecho y una obligación.


En la última legislatura, IU ha sido cómplice absoluto del PSOE en la gestión de las escuelas. Las principales apuestas las han pactado juntos, y la izquierda se ha reservado el papel de pepito grillo cuando las leyes pactadas no llegaban a materializarse en la práctica (algo muy habitual) o cuando el PSOE hacía concesiones a los sectores más conservadores, casi siempre en línea con la escuela católica concertada.


pacto común. La respuesta de la izquierda a los reproches del PP por el fracaso escolar es clara: Andalucía nunca separaría a los alumnos con buenas notas de los chicos con malas notas, no crearía un itinerario para los que tengan capacidad de llegar a la Universidad y otro para los que encajen mejor en FP; Andalucía nunca haría público un ranking de calidad para que los colegios se enfrentasen por escolarizar a los mejores estudiantes, porque tendría en cuenta las condiciones socioeconómicas del barrio en el que se ubican (esenciales para entender el nivel de sus alumnos); Andalucía nunca potenciaría la escuela concertada en detrimento de la pública. ¿Cómo responde el PP a estas críticas? Los populares reivindican la cultura del esfuerzo, reprochan el "elogio de la mediocridad" que defiende el PSOE y atacan la "falacia" de admitir que han necesitado 32 años para hacer una escuela igualitaria, y ahora "van a empezar a buscar el éxito".


En estas elecciones, los partidos se enfrentan a un complejo dilema. Todos presentan la educación como una prioridad en sus programas, sin embargo la educación ha dejado de ser un motivo de preocupación prioritario para los andaluces. Hace unos años ocupaba uno de los tres primeros puestos en las encuestas. Ahora ha sido desplazada por el paro, la crisis, la corrupción y el desencanto con la vida política.


Hace 32 años, cuando empezó a gobernar el PSOE, las tasas de analfabetismo eran tan elevadas que la política educativa adquirió categoría de alarma social. Hace cuatro años, cuando los institutos empezaron a vaciarse de jóvenes porque habían descubierto que podían ganar 3.000 euros al mes trabajando en la construcción, la alarma social debió ser tan estridente como hace tres décadas. Casi 300.000 andaluces de entre 16 y 18 años abandonaron la escuela sin una formación apta para acceder a un mercado laboral exigente. El boom del ladrillo no exigía un profesional altamente cualificado. El resultado fue un expolio a la educación andaluza, una generación perdida que está volviendo con cuentagotas a las aulas.


En el 2010, cuatro de cada diez alumnos andaluces se marchó de la ESO sin terminar los estudios. A finales de 2011, Andalucía registraba un 55% de paro juvenil. Cuando el desempleo desplazó a la educación como principal preocupación de los andaluces, alguien debió advertir que estaban hablando de lo mismo.

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