Ana Trujillo/ M.José García
El Congreso nacional del PP de junio de 2008 en el que Mariano Rajoy fue reelegido presidente supuso un antes y un después en las relaciones entre el principal partido de la oposición y el Gobierno socialista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero. Tan sólo unos meses antes -justo los que precedieron a la derrota del líder popular en las elecciones del 9-M- la crispación entre ambos partidos alcanzó cotas imposibles de superar... o eso parecía al menos.
Hoy aquella tregua de 2008 ha saltado por los aires. Si durante cinco años el PP utilizó la lucha antiterrorista como azote contra el Gobierno y, especialmente, su presidente; hoy el principal partido de la oposición pone en duda el Estado de derecho.
El caso Gürtel es el pretexto y unas declaraciones de la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, acusando al Ejecutivo de "utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia" para espiar ilegalmente a los dirigentes de su partido han terminado de encender de nuevo la mecha.
Cada nueva novedad de la que los medios de comunicación se han hecho eco en estos cinco meses que lleva abierta la operación Gürtel (correa en alemán, denominada así por el apellido de Francisco Correa, considerado el líder de la trama de corrupción) ha ido debilitando aún más las relaciones entre PSOE y PP, ya que los populares responsabilizan directamente al Ministerio del Interior y su entorno de las filtraciones.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió el pasado 6 de febrero una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los más de 60 implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencia. Una investigación que se ha ido conociendo paso a paso por las filtraciones, algo que al PP le ha sacado de sus casillas y que ha criticado con contundencia. Pero los populares han sacado pecho a partir del pasado 3 de agosto cuando se conoció oficialmente que el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV) archivaba el caso Gürtel en valencia en el que estaban imputados cuatro políticos vinculados al PP, entre ellos el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. A partir de este respaldo judicial, el PP se ha envalentonado, realizando declaraciones más que contundentes, las más criticadas las de Cospedal hablando de espionaje e incluso acusando al Gobierno de utilizar a la Fiscalía General del Estado más para perseguir a un partido político "por el solo hecho de ser el Partido Popular", que de "perseguir a ETA". Unas declaraciones con un tono similar a las utilizadas por Rajoy con motivo de la manifestación contra ETA de enero de 2007, en las que dudaba del trabajo del Gobierno para acabar con la banda terrorista, y en las que exigía el Ejecutivo el compromiso de que no se iba a negociar con ETA.
En esas fechas el argumento más utilizado para atacar al Gobierno era la banda terrorista. Ahora a él se ha unido el espionaje ilegal a líderes del PP.
Si en el mandato anterior las críticas del PP podían ser compartidas por una parte de la ciudadanía, las de ahora se han topado con el rechazo de jueces, fiscales, policías y guardias civiles que las han tildado de falsas y de inapropiadas de un partido que aspira a gobernar España y por las que han pedido una rectificación, al igual que lo ha reclamado la vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien el sábado indicó que podían ser hasta punibles por ser una difamación. El PSOE, de hecho, ya ha pedido la dimisión de De Cospedal.
Pero, a pesar de las críticas, el PP sigue en su guerra abierta contra el Gobierno y no ha dudado en bloquear el nombramiento de la secretaria de Organización socialista, Leire Pajín, como senadora por la Comunidad Valencia. En un rizar el rizo, el PP en las Cortes valencianas se llegó a plantear realizar un examen de idoneidad a Pajín sobre asuntos relacionados con la comunidad antes de que sea nombrada senadora territorial. Una prueba que es legal, pero que no se ha hecho a nadie anteriormente. Esta nueva zancadilla ha desatado una vez más las iras socialistas, pero los populares se mantienen firmes, sin rectificar. Habrá que esperar a la vuelta de las vacaciones, para ver si las aguas vuelven a su cauce y se pacta una tregua.
