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Wert aplaza la reforma educativa para estudiar las propuestas autonómicas

Andalucía saluda la prórroga para negociar, pero teme que sólo se aborden aspectos técnicos no esenciales.

el 29 oct 2012 / 21:38 h.

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El ministro Wert ante la consejera de Educación andaluza, Mar Moreno.

A petición de las comunidades, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, aceptó ayer postergar la aprobación de la reforma educativa -llegará al Congreso a finales de enero o principios de febrero, en lugar de a finales de diciembre- y dedicará el próximo mes a "afinar las propuestas de las autonomías y mejorar los aspectos técnicos". Andalucía saludó la prórroga para seguir negociando, pero guarda pocas esperanzas de que el texto definitivo se despoje de "todo el elitismo escorado a la derecha y el principio de segregación que lo atraviesa", dijo la consejera andaluza, Mar Moreno.

Moreno acudió a la Conferencia Sectorial de Educación con un documento de nueve puntos alternativos, aspectos de la reforma que la Junta acepta y otros que nunca admitirá. Las líneas rojas del Gobierno andaluz son justo las que más caracterizan al anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, los que dan un vuelco al modelo actual: se reestructura el sistema educativo separando, por un lado, el itinerario de los alumnos que tienen capacidad para llegar a la Universidad, y por otro, la vía hacia la llamada Formación Profesional básica. Éste último conduce a un título que acredita una habilidad técnica para incorporarse pronto al mercado laboral -como los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial-, pero al contrario que los PCPI, no están conectados con la ESO ni con los ciclos de grado medio. La Junta cree que es una "vía muerta" para alumnos con problemas.

Wert explicó ayer que no va a renunciar a los objetivos de la reforma -mejora del rendimiento académico y reducción del abandono escolar-, pero admite que "se puede acomodar la forma de llegar a esos objetivos". Andalucía ha querido ver en esa idea un resquicio para negociar, pero teme que "los aspectos mollares de la reforma no se van a tocar: las reválidas, el ránking de los colegios, la pérdida de representatividad de los consejos escolares...". El ministro se mostró ayer receptivo a ceder, por ejemplo, en el diseño de los contenidos. La ley ha retirado a las comunidades el 10% de la competencia que tenían para establecer qué se estudia en sus regiones, y ahora amaga con devolvérselo "si se garantizan unos contenidos comunes básicos". Andalucía considera este tema menor, "una concesión a los nacionalistas", y espera que no se use como contrapartida para no abordar aspectos clave. Cataluña tacha la ley de "recentralizadora" y anuncia que estudia recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

La reunión de ayer duró cuatro horas. Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco y Canarias reprueban la reforma. Las comunidades gobernadas por el PP, más Navarra, apoyaron el articulado de la ley. La mayoría espera clarificar cuestiones técnicas, como quién paga las reválidas, y qué pasa si un alumno aprueba la ESO pero suspende la prueba externa. Moreno cree que otras aprovecharán para "derechizar" más el texto. Algunas han pedido que la ley regule las normas de escolarización para facilitar el acceso a los colegios concertados (el PP lo llama "derecho de los padres a elegir el centro para sus hijos"). Por otro lado, Wert confirmó que la ley podría retirar el derecho a la huelga que tienen los estudiantes menores de 14 años desde 1985 (miles de ellos hicieron uso de él en las protestas de hace sólo una semana). "Esta cuestión puede plantearse, dependerá de los posicionamientos al respecto de las comunidades", concluyó.

Castilla-La Mancha prevé pedir un acuerdo para que todas las regiones convoquen oposiciones a maestro en 2013 el mismo día para evitar "el efecto llamada", una petición singularmente dirigida a Andalucía, con 30.000 opositores. Fuentes del ministerio explican que ayer Wert "no dio cabida a otros temas complejos, habida cuenta de la importancia de llegar a un consenso" sobre la ley. La Junta duda si convocar, porque el límite legal de plazas es ínfimo.

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