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WWF reclama al Estado poner fin al dragado

Recuerda que debe "adecuarse a la realidad" del cauce fluvial, "en el cual ahora mismo no tiene cabida un dragado como el propuesto.

el 08 may 2014 / 15:32 h.

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La asociación conservacionista WWF ha reclamado nuevamente al  Gobierno de la nación que ponga fin al proyecto de dragado de  profundización del río Guadalquivir promovido por la Autoridad  Portuaria de Sevilla, a la que recuerda que debe "adecuarse a la  realidad" del cauce fluvial, "en el cual ahora mismo no tiene cabida  un dragado como el propuesto y sí acciones parar recuperar su  equilibrio que han de ser puestas en marcha urgentemente por las  administraciones competentes". dragado-guadalquivirWWF se centra en el "varapalo" del Consejo de Participación de  Doñana, que ha rechazado el proyecto de protección de las márgenes.  Asimismo, el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, en un informe  previo al debate sobre el estado de Doñana en la sesión de junio de  este año, al que ha tenido acceso Europa Press, alerta sobre el  "impacto potencial" de esta actuación sobre el parque natural. Y es que, según recuerdan los ecologistas, el proyecto del Puerto  de Sevilla ha recibido un rechazo "frontal" de científicos,  organizaciones agrarias, municipios, asociaciones ecologistas u  organismos internacionales, comenzando por el voto en contra del  antiguo Patronato del Parque Nacional de Doñana en noviembre de  2001. Posteriormente, fue la comunidad científica la que se manifestó en  contra del dragado de profundización, ya que, recuerdan, en 2010 el  dictamen de la comisión científica para el estudio de las afecciones  de las obras del dragado calificaba de "no recomendable en la  situación actual" la obra, "por repercutir negativamente en la  dinámica, morfología y biodiversidad del estuario y, por lo tanto, de  Doñana, por no mejorar la situación frente a procesos extremos  (turbidez y salinidad) y limitar severamente la capacidad de  minimizar su duración y sus efectos". Incide WWF en que las conclusiones de los científicos fueron  asumidas por el Estado cuando en octubre de 2011 el Ministerio de  Medio Ambiente estableció que el dictamen de la comisión se  consideraba condición vinculante de la Declaración de Impacto  Ambiental (DIA). Asimismo, ha hecho hincapié en que la intervención no solo ha  contado con oposiciones en el ámbito nacional, sino también a nivel  internacional, puesto que la Unesco, en resoluciones de 2011 y 2013,  ha mostrado su "clara oposición" al mismo, mientras que en septiembre  de 2013 la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción  contra España por el proyecto a raíz de la queja interpuesta por WWF  España en mayo de 2012.

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