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¿Y ahora la deuda histórica?

El compromiso incluido en el Estatuto de Autonomía por el que se fija el 20 de septiembre como fecha tope para el cierre de un acuerdo entre la Junta y el Gobierno Central sobre la cantidad que debe pagarle el Estado a Andalucía en concepto de deuda histórica no puede llegar en un momento más delicado. España vive inmersa en una crisis económica que camina a pasos acelerados hacia un...

el 15 sep 2009 / 10:01 h.

El compromiso incluido en el Estatuto de Autonomía por el que se fija el 20 de septiembre como fecha tope para el cierre de un acuerdo entre la Junta y el Gobierno Central sobre la cantidad que debe pagarle el Estado a Andalucía en concepto de deuda histórica no puede llegar en un momento más delicado. España vive inmersa en una crisis económica que camina a pasos acelerados hacia un escenario de recesión y, de otra parte, el Gobierno se encuentra en las puertas de la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica que desaconseja el cierre de un acuerdo bilateral con Andalucía que podría interpretarse como un agravio comparativo, por muy legal y justo que pueda ser. Ya hay un precedente serio en Cataluña. Allí, la Generalitat se ha enzarzado en una cruenta disputa con el ejecutivo de Zapatero por el incumplimiento de la disposición del estatuto catalán que obligaba a cerrar un nuevo modelo de financiación autonómica antes del nueve de agosto. Conviene no olvidar este contexto de arcas públicas semivacías y de sensibilidades tan crispadas, pues es en este escenario y no en otro en el que se emprenderá una negociación en la que Andalucía solicitará al Estado un mínimo de 1.500 millones de euros extra (cálculo del PSOE) como compensación por el retraso que sufría la región en los años ochenta. El sentido de la prudencia invita a no empecinarse en el cumplimiento de los plazos fijados en el Estatuto, pero no se debe olvidar que éste tiene rango de ley orgánica y que, por tanto, es de obligado cumplimiento. Andalucía está en su derecho de solicitar el dinero de la deuda histórica, pero sabe que no es el momento de hacer casus belli con la fecha del veinte de septiembre. La prioridad debe ser la lucha contra la crisis y la consecución de un nuevo marco de financiación que respete los criterios de solidaridad que marca la Constitución y sea justo y transparente con todos los territorios, con lo que de paso se pondría freno a los discursos demagógicos que tanto calan en algunos nacionalismos periféricos. Ése, y no otro, debe ser el gran objetivo de todos.

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