Miguel Guillén y José Antonio Bosch, junto a Fernando Criado el miércoles.
El convenio de acreedores del Betis fue aprobado el miércoles por mayoría y el horizonte del club a medio plazo es otro tras la reducción y el fraccionamiento de su multimillonaria deuda, ahora millonaria pero no tan multi. Sin embargo, a la entidad de Heliópolis le quedan muchos cabos que atar para no vivir más sobresaltos. Uno de ellos, igualmente clave para su futuro, es la televisión. Andan los actuales rectores empeñados en disminuir la dependencia del presupuesto del club respecto a esos ingresos, que representan más del 50%, pero también reconocen que es complicado en esta época de crisis global. Y además hay un problema extra, reciente, que puede propinar otro giro a la relación entre clubes y operadores: la irrupción de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).El 3 de mayo, la CNC expedientó a Mediapro y tres clubes (Sevilla, Barcelona y Racing) por firmar contratos de más de tres años de vigencia. El 14 de abril de 2010, la propia Comisión había establecido que los contratos de adquisición de derechos audiovisuales de la Liga y la Copa del Rey (excepto la final) con una duración superior a tres años incumplían las leyes de defensa de la competencia y el Tratado de Funcionamiento de la UE, ya que tenían "efectos restrictivos" sobre la competencia en el sector al no permitir una salida al mercado lo suficientemente periódica" de los derechos audiovisuales de los equipos. Aquella resolución también pedía a Mediapro y Sogecable que cesasen en este comportamiento mercantil.
Mediapro ya ha anunciado que recurrirá ese expediente ante la Audiencia Nacional basándose en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que permite contratos de hasta cuatro años, y su presidente, el famoso y controvertido Jaume Roures, ha lanzado esta advertencia: "Si los contratos de cinco temporadas deben ser reducidos a tres, Mediapro los considerará nulos de pleno derecho porque no son rentables". Hasta la Liga de Fútbol Profesional (LFP), representada por su vicepresidente, el también polémico Jabier Tebas, anunció que alegarían ante el secretario de Estado para el Deporte.
El panorama que se les abre a los clubes de fútbol es contradictorio. Para los que firmaron buenos contratos con pingües ingresos, la decisión de Competencia es negativa; para los que están descontentos con el dinero que reciben de la televisión, en cambio, es una buena noticia. Sin ir más lejos, el Málaga quiere negociar un nuevo contrato que le reportará el doble de lo que obtiene ahora de Mediapro.
87 MILLONES HASTA 2014. El Betis es uno de los clubes que mejor contrato tienen en la actualidad, fruto también del rendimiento que dan sus transmisiones a las distintas cadenas. El club verdiblanco, en una de las mejores gestiones de Manuel Ruiz de Lopera, firmó con Sogecable un contrato de cinco años (2009-2014), aunque sólo fue efectivo a partir de esta misma temporada, ya que en Segunda no era válido. El caso es que el Betis tenía firmados 27 millones de euros en la campaña recién concluida, 29,5 en la 2012-13 y 30,5 en la 2013-14; en total, 87 millones de euros.
El contrato televisivo es una extraordinaria fuente de ingresos para el Betis y ahora no se sabe qué va a ocurrir, aunque en Heliópolis tienen la certeza casi total de que todos los contratos serán inválidos a partir del 30 de junio y por tanto habrá que renegociar las condiciones. Los dirigentes opinan por un lado que su contrato no excede de la duración establecida por Competencia, ya que para ellos sólo estaría en vigor durante tres campañas (si no hay otro descenso, claro). Pero por otro lado ya han comenzado a hablar con los responsables del operador y en principio creen que mantendrán el mismo nivel de ingresos que firmaron en 2009. Ni siquiera la demanda por los famosos 10 millones, que el Betis ganó en primera instancia, debe entorpecer el futuro acuerdo. Hay que recordar que el consejero José Antonio Bosch habló de Sogecable en términos muy elogiosos cuando se supo que el Juzgado de lo Mercantil número 1 dio la razón al club y obligó al operador a pagar. Pura diplomacia, por supuesto.
