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Y llámenlo como más les guste

Si un banco está trufado de activos tóxicos cuyo valor afirma desconocer (...), si se han embarcado en operaciones crediticias sumamente arriesgadas para obtener rentabilidad en un contexto de tipos de interés persistentemente bajos...

el 15 sep 2009 / 23:40 h.

Si un banco está trufado de activos tóxicos cuyo valor afirma desconocer (un eufemismo para no admitir que valen exactamente lo que el mercado, a día de hoy, está dispuesto a pagar por ellos, es decir, nada), si se han embarcado en operaciones crediticias sumamente arriesgadas para obtener rentabilidad en un contexto de tipos de interés persistentemente bajos, y si el nivel de abstracción financiera que todo ello conllevaba ha terminado estallándole en la cara, dejándole en la práctica sin medios de pago suficientes para cubrir ni sus deudas ni sus depósitos, entonces ese banco está quebrado.

Si una entidad en la que se dan todas estas circunstancias no se esfuma, al modo de la estafa piramidal que en cierto modo es, al día siguiente en que todo esto resulta público y notorio sólo puede ser porque, al instante, aparece cediéndole todo el apoyo financiero que necesita el único agente económico capaz de garantizar medianamente su subsistencia: el sector público. Puede hacerlo inyectando capital en sus balances (el Reino Unido, especialmente) o concediendo préstamos privilegiados (España) con fondos públicos, los cuales ya no podrá dedicar a otros fines. A partir de ese momento habrá que decir que ese banco, ya digo, incapaz de subsistir sin tales ayudas, está nacionalizado excepto por un detalle: porque el control sigue en las mismas manos privadas que lo han llevado a donde está.

Nada de sorprendente tiene que este modo de actuar no logre la reactivación del flujo crediticio que en teoría la justifica. De hecho se está introduciendo en el sistema mayor incertidumbre y unos incentivos perversos. Y no sólo porque los gestores, en pura lógica, tenderán a actuar protegiendo los intereses de los accionistas (ganar tiempo y esperar a que pase la tormenta) y los suyos propios (salarios astronómicos y otras ventajas), contrarios a los intereses generales en este momento (inyección de liquidez a través de la intermediación financiera). Es una situación de estricto punto muerto donde los gobiernos hacen malabarismos para no llamar nacionalización a esta modalidad de nacionalización. En gran medida porque, aparte de ser una operación que exigiría grandes esfuerzos administrativos, supondría, además, tener que hacer frente a las embestidas de los (muy) poderosos grupos de presión que se están aprovechando del status quo.

Pero tampoco pueden mantener esta respiración asistida a medio plazo sin que cada vez se haga más nítido el escándalo que implica sostener la riqueza de los accionistas con fondos públicos y sin que, en contrapartida, ello suponga ningún tipo de beneficio colectivo perceptible. Así pues, nadie puede descartar la opción de que se termine nacionalizando a cara descubierta. Esta es la nueva incertidumbre.

La receta que se impone es la de quemar esta etapa de tanteo y, sencillamente, nacionalizar temporalmente a las entidades que no puedan sostenerse con sus propios pies. Entonces ya no debería haber trabas para que los fondos públicos destinados a convertirse en liquidez crediticia no lo hagan.

Es justo lo que hicieron las autoridades suecas hace quince años con unos bancos que habían sufrido pérdidas enormes al calor de la desregulación. Entraron en el capital a cambio de participaciones mayoritarias, despidieron a los directivos, congelaron los dividendos, sanearon los activos y, una vez recuperada la inversión, los volvieron a privatizar.

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