Las agencias que califican el riesgo constituyen, hoy por hoy, una versión moderna "del derecho de pernada" para los Estados, cuyas doncellas recién casadas, que aquí llamaremos emisiones de deuda, son pasadas por la piedra de esos nuevos señores feudales. Sólo una mayor regulación y la mejora de la información que se transmite a los inversores podrán menguar ese poder.
Son reflexiones contempladas en un amplio estudio del Instituto Español de Analistas Financieros difundido ayer en Sevilla, ciudad donde esta asociación privada de profesionales en finanzas ha ubicado una delegación andaluza, la tercera que abre en España, tras Madrid y Barcelona. Ese informe, presentado en la sede de Cajasol Banca Cívica, sugiere la eliminación de la obligatoriedad legal que permite tal claudicación ante las firmas internacionales que ponen nota a la deuda.
Raimundo Ortega, encargado de coordinar el informe, comenta que, "aun cuando parezca impertinente afirmarlo en estos momentos", los bancos centrales no pueden mantener de manera indefinida la adquisición "masiva" de deuda pública en el mercado secundario porque supondría, explica, un traspaso a la autoridad monetaria, el BCE, "de riesgos de pérdidas patrimoniales que, fundamentalmente, se generan en las entidades privadas".
Al entrar en las emisiones de títulos privados (compañías, bancos) el estudio recomienda que los organismos reguladores fijen los requisitos mínimos exigibles para asignar una calificación, e incluso estudiar fórmulas para evitar posibles "conflictos de interés" al ser el evaluado el mismo que paga la evaluación. Es más, se debería obligar a las agencias a publicar periódicamente información del "grado de acierto o fallo" que registran en sus opiniones para conocimiento general de los inversores y, por tanto, de quienes en ellas confían.
Se critica su actuación, sí, pero se muestra contrario a la creación de agencias que dependan de las administraciones públicas como alternativas a las privadas. Tampoco se queda atrás en consejos para reforzar la independencia de las sociedades auditoras respecto a las empresas auditadas, entre los que destaca que especifiquen las "discrepancias" entre sus trabajadores y los gestores a la hora de ejecutar su labor.
Porque siempre son los inversores particulares los principales perjudicados por el quehacer de agencias y auditoras, se reclama a las administraciones que exijan la máxima transparencia sobre el riesgo en que incurren al confiar el dinero, e incluso se propone la creación de un organismo público específico para proteger a los minoristas.
Ortega, a partir del trabajo de una veintena de colaboradores, se decanta, asimismo, por aconsejar que el BCE no sea facultado para la compra constante de activos financieros con el fin de mantener sus precios -caso de España o Italia-, porque, sostiene, sería el "comienzo del fin de su imprescindible autonomía".
Recuperar la confianza española, además de pasar por meter en cintura a agencias y auditoras, exige, apunta el informe, una regulación adecuada de las remuneraciones de los consejeros y los altos ejecutivos no sólo de las entidades financieras, sino también de las compañías que cotizan en bolsa.
Los autores estiman que debe cerrarse ya la reestructuración del mapa financiero español, es decir, de la "reestructuración" de bancos y cajas. De hecho, argumenta, la adaptación a un nuevo "entorno económico y financiero más competitivo y fuertemente regulado "impondrá la necesidad de entidades créditicias de un mayor tamaño". Más fusiones, pues, y concluir "la despolitización" y la mejora de la profesionalización de las cajas de ahorros.
La sede. En cuanto a la sede del Instituto Español de Analistas Financieros en la región, queda encabezada por Ignacio Contreras, quien ayer, durante la presentación del informe, incidió en que Andalucía aún tiene un "larguísimo recorrido" en materia financiera y de inversión privada. Delegación justificada.
