La investigación judicial sobre la venta de los terrenos a Sando avanza a marchas forzadas en una dirección: la comisión ejecutiva de la empresa. Ayer, la magistrada reclamó a la Policía Judicial toda la información recabada en las declaraciones que han realizado todos los miembros de este órgano, así como la documentación que ratifique la estructura orgánica de la empresa cuya propiedad comparten el Ayuntamiento y el Estado. No sólo el fiscal estudia las imputaciones, es la desembocadura natural del proceso.
Una imputación, sobre el papel, no es más que una protección del afectado ante un proceso jurídico. No implica culpabilidad ni responsabilidad, porque de hecho el juicio ni siquiera ha comenzado. Está en las diligencias previas. Ya hay de hecho siete imputados y si se cumple esta línea de trabajo la cifra podría incrementarse en más de media decena. Pero políticamente es un lastre, y nadie lo oculta. Y ahí, de momento, el único al que puede desestabilizar es a Antonio Rodrigo Torrijos. Gonzalo Crespo y Domingo Enrique Castaño están fuera de la primera línea política; el secretario y el interventor ni votan en los consejos ni son votados en las elecciones; y los cargos de Mercasa pasan desapercibidos públicamente.
Para IU es una realidad injusta. La responsabilidad de Torrijos es la misma que la del resto de la ejecutiva, e incluso van a más en la federación, es idéntica a la del resto del consejo de administración y del Pleno. Todo pasó por sus manos. Pero hay datos que juegan en su contra: el informe lo eleva la ejecutiva a estos órganos de debate y es en ella donde se aprueba finalmente la venta del suelo a Sando, que no pasa por las manos del resto de organismos. Y otro más: Torrijos era el vicepresidente de la empresa cuando esto se produjo. Y ahora. Los principales responsables de IU tienen la convicción de que Mercasevilla es un caso del PSOE, no suyo. Pero empiezan a asumir que puede arrastrar si no penalmente sí públicamente a Rodrigo Torrijos.
Y ahí empiezan las preguntas, ¿qué pasa si el primer teniente de alcalde de Sevilla es imputado en un juicio por la mayor operación de venta de suelo público para viviendas de los últimos años? Él mismo respondió ayer irónicamente: “Confío en la Justicia, debe ser ella la que dilucide. Es la primera vez que veo un anuncio de la Fiscalía en los medios, pero yo no entiendo de eso. ¿Qué ocurrirá si me imputan? ¿Y si me condenan? ¿Y si me cae una viga en la cabeza al salir?”.
Torrijos lamenta su indefensión. Públicamente le han imputado antes de que esto ocurra. Y si realmente pasa, su nombre es el único de un listado de media decena que será cuestionado. ¿Y quién le puede cuestionar? Por partes. En su grupo hay total unidad en torno a su figura, una vez fracturada la grieta con Jon Ander Sánchez, y sobre todo la convicción de que en Mercasevilla él no tiene nada que ver. En IU, todos los dirigentes consultados manifiestan una postura similar: esto no es una imputación como otras, sino que afecta a Torrijos por una cuestión orgánica, institucional. Así, además lo expresó el miércoles el coordinador regional de IU, Diego Valderas. Está en Mercasevilla como está en otra decena de consejos de administración, como todos los altos cargos municipales. Y además, está por ver hasta dónde llega la juez. Y a quién alcanzan las imputaciones. Porque si entra en el consejo de administración o en el Pleno, como apuntó la portavoz del Gobierno, Maribel Montaño, será una sangría.
Pero es difícil esquivar el debate. Tener un máximo dirigente imputado tiene un coste. Es un arma para la oposición y un descrédito para una formación con unos votantes muy escrupulosos ante cualquier sombra de corrupción. “Si ocurre, ya se verá”, contestan todos, incluso Torrijos. Pero hay ejemplos, aunque sean casos completamente distintos. IU forzó a Agustín Pavón en Camas a salir de la lista por las presiones internas con la base de su imputación; pero sin embargo Juan Manuel Sánchez Gordillo tiene imputaciones e incluso condenas. El problema no es tan inmediato como a medio plazo: el debate interno sobre la continuidad de Torrijos está latente, y no tanto porque él lo esté promoviendo, sino porque hay muchos en el seno de IU que lo ven como el referente más claro. Pero hay sectores que no. Y él, con dos mandatos a sus espaldas, debe pasar por una serie de votaciones, a las que llegaría como imputado en Mercasevilla, o al menos como posible imputado, un estigma ya difícil de borrar.
¿Y en el PSOE? El secretario de Organización, Rafael Velasco, hizo un amago de pedir a todos los partidos la misma contundencia que aplican los socialistas. Pero difícilmente el PSOE de Sevilla, donde Torrijos no despierta precisamente simpatías, puede alzar la voz teniendo a Antonio Rivas, miembro de la ejecutiva provincial y delegado provincial de Empleo imputado desde que comenzó el proceso. El vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro, salió precisamente ayer en defensa de este cargo: “No tiene absolutamente nada que ver”. Es una postura generalizada entre los socialistas, al igual que en IU con relación a Torrijos.
Queda la oposición. El PP puede convertir la imputación en su enésima arma contra Torrijos. La respuesta ante los populares siempre ha sido la misma: Torrijos votó lo mismo que los concejales del PP. Los populares empiezan a trazar su estrategia para deshacerse de esta argumentación y marcar una diferencia entre la ejecutiva y el resto de órganos. Ayer, el portavoz, Juan Ignacio Zoido, lanzó una denuncia: “Los pliegos que aprobó el Pleno no son los mismos que salieron a concurso”. Hay cambios, según fuentes populares, en las firmas y en detalles del concurso.
El PP está marcando el proceso público y judicial abierto en Mercasevilla. PSOE e IU quieren entrar en él. Pero todo está en manos de la juez. Ella debe decidir hasta dónde llega la responsabilidad de la venta a Sando.
