El día que le llegó una multa de 120 euros por ensuciar la vía pública, en concreto por tirar papeles al suelo, el abogado Fernando Osuna no se lo podía creer: "Un inspector de Lipasam que pasó por al lado de un contenedor de papel vio varios sobres de mi bufete tirados en el suelo, y decidió multarme. Yo entiendo que sería parte de una campaña para fomentar la limpieza... ¡pero yo no he tirado un papel al suelo en mi vida! Al revés, voy por la calle y los voy recogiendo, porque me molesta", aseguraba ayer el letrado, tras haber conseguido la anulación de tan pulcra sanción.
Lo peor es que ni siquiera ha sido fácil: Osuna recurrió primero la multa ante Lipasam, alegando que él no había tirado esos papeles, y que de hecho podía demostrarlo porque había pasado el día en cuestión, y el anterior, alejado de la zona en la que fueron hallados los papeles. Consiguió un certificado del Defensor del Pueblo acreditando que había estado toda la mañana en su despacho, y certificó que el día anterior había estado de viaje. "Yo creo que lo que ocurrió es que alguien sacó papel del contenedor, que hay quien lo hace para venderlo, y algún sobre de mi despacho se le caería al suelo. Pero no fui yo", insiste el abogado sevillano, que hasta bromea con la posibilidad de haberse convertido en un vándalo a estas alturas de su vida. "¡Que tengo 55 años, yo la edad de los graffitis la pasé hace tiempo!".
Pero Lipasam le quitó la razón e insistió en la multa. Fernando Osuna decidió entonces llevar el asunto a los tribunales, e inició un Contencioso-administrativo, que para eso es abogado. "Lo principal es que un empleado de Lipasam es personal laboral, pero no es un funcionario público, así que no puede multar porque no es la administración, no es la autoridad", esgrimió como defensa.
Además, la empresa "no presentó pruebas ninguna: ni testigos que me hubieran visto tirar esos papeles, aunque llevaran mi membrete, ni nada parecido. Sólo una foto con los papeles en el suelo. Eso no puede ser prueba de mi culpabilidad".
El caso se ha llevado su tiempo en los juzgados e incluso ha llegado a juicio, "con togas y todo", explicaba el abogado. "La letrada del Ayuntamiento pasó media hora tratando de demostrar mi culpabilidad, pero yo pude demostrar que no estuve allí esos días y, sobre todo, que Lipasam no puede multarme". Al final el juez le ha dado la razón en una sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo 9 de Sevilla, que admite su recurso y anula la sanción de 120 euros que le puso Lipasam "por no ser ajustada a derecho".
Pero el juez no se ha pronunciado sobre las costas del juicio, por lo que se supone que cada parte paga la suya. Y aquí también hay materia para la reflexión: Si no hubiera sido abogado, Osuna habría pagado unos 500 euros por este contencioso, según las tablas de su propio bufete. Y por el recurso ante Lipasam podría haber cobrado otros 200. Es decir, que aunque él sólo ha perdido "la mañana del juicio y un ratito para elaborar los recursos", a un ciudadano no docto en derecho le podría haber costado 700 euros librarse de una de 120... además de dos años de quebraderos de cabeza. "La verdad es que a una persona normal le sale más a cuenta pagarla", admite Osuna.
Su personal cruzada contra esta multa de Lipasam, que inició por la rabia que sintió al ser acusado de algo que "no entra en mi mentalidad ni en mi forma de hacer las cosas", tiene paralelismo con otros casos que se han dirimido en juzgados sevillanos. El abogado Joaquín Moeckel también invirtió lo suyo, en tiempo y esfuerzo, para que la SGAE le devolviera 1,20 euros de unos cedés que no utilizó para grabar material protegido por derechos de autor, por lo que exigió la devolución del impuesto que el precio de los cedés lleva incluido. Ambos vieron claro que, a veces, no es sólo cuestión de dinero.
