"Yo puedo tener responsabilidad política, pero no penal", con estas palabras se ha defendido el que fuera hasta hace un mes director general de Trabajo, Daniel Rivera, ante la jueza Mercedes Alaya, que le imputa cuatro delitos por su responsabilidad en el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE), al continuar con el sistema de ayudas implantado mientras Francisco Javier Guerrero, en prisión preventiva, ocupaba el citado cargo. El exalto cargo ha asegurado que "nadie" le advirtió de la ilegalidad del procedimiento, aunque ha reconocido que no existió fiscalización previa de las ayudas.
Como ya ocurriera la semana pasada con su antecesor en el cargo, Juan Márquez, el interrogatorio está siendo tenso. "El interrogatorio lo dirijo yo", le ha indicado la jueza. "Usted no me permite que conteste a lo que mi derecho convenga" y "usted es dueña de las preguntas y yo de mis respuestas", le ha contestado el exdirector general, quien ha insistido en que no conoció las irregularidades hasta noviembre de 2010, cuando se destapa la existencia de intrusos en el ERE de Mercasevilla.
En este sentido, ha afirmado que él "se limitaba a firmar lo que le ponía por delante" la exasesora María José Rofa, de quien ha dicho que "la consideraba suficientemente cualificada" y que por ello "no revisaba los expedientes". Según Rivera, ni la Secretaría General Técnica de Empleo, ni el Servicio de Legislación, ni la Intervención delegada, ni tampoco el Gabinete Jurídico le advirtió que el procedimiento para conceder las ayudas era ilegal. Igualmente, ha negado que desde la Agencia IDEA se le advirtiera, negándose a ofrecer los nombres de las personas que debieron hacerlo.
Rivera sí ha admitido que se leyó un informe del despacho de abogados Garrigues , que advertía que era necesario la fiscalización previa y el control posterior de las ayudas, pero que como el resto de organismos citados no le alertó de estas irregularidades, consideró el informe de Garrigues como "una opinión más". Además, ha dicho que en el documento elaborado por el despacho de abogados no se indicaba en ningún momento que dicha ilegalidad era de "naturaleza penal". "Yo puedo tener responsabilidad política, pero no penal", ha dicho.
Asimismo, ha explicado que cuando llegó al cargo el exconsejero de Empleo Manuel Recio le indicó que "ya no se podían dar más ayudas, salvo las que le ordenara el viceconsejero" (entonces Justo Mañas) cuando exista un conflicto laboral puntual que resolver.
Igualmente, ha afirmado que cuando llevaba un mes en Empleo tomó conciencia que "había ayudas que se habían otorgado sin convenio por valor de 70 millones de euros", pero no actuó porque había 6.000 prejubilados a los que pagaban sus pólizas y que tenían que cobrar.
