El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió ayer la gestión del Ejecutivo ante la crisis provocada por los controladores aéreos y no descartó pedir una prórroga del estado de alarma -vigente durante quince días- "en función de cómo evolucionen las circunstancias".
Zapatero consideró que lograr "restituir la normalidad en una grave crisis del sistema aeroportuario en menos de 24 horas" demuestra que "el proceso de toma de decisiones, cómo, cuándo y quién debía informar, ha sido acertado". Según apuntó, dependiendo de cómo evolucione la situación, el Gobierno decidirá o no prorrogar el estado de alarma y lo hará "teniendo en cuenta la opinión del conjunto de los grupos" parlamentarios. Una eventual prórroga deberá someterse a votación en el Congreso.
El Rey Juan Carlos analizó por la mañana con el presidente del Gobierno la situación nacional tras la declaración del estado de alarma, informaron fuentes de Zarzuela.
Posteriormente, Zapatero departió unos minutos con el líder del PP, Mariano Rajoy. Según reveló el jefe del Ejecutivo, el presidente del PP le deseó que tuviera "buena mano" el pasado viernes, cuando le informó de su decisión de militarizar el espacio aéreo.
Zapatero recordó que el Ejecutivo tiene facultades y medios para prever cualquier circunstancia que pueda producirse y aseguró que los Ministerios de Fomento y Defensa trabajan para tener "una nueva capacidad de reacción" si vuelve a registrarse el mismo problema. "Que confío que no", recalcó. Justificó también no haber comparecido personalmente mientras el gabinete decidía cómo resolver la crisis.
El presidente, que comparecerá pasado mañana ante el pleno del Congreso en una sesión extraordinaria, precisó que las primeras explicaciones debe darlas en la sede de la soberanía popular. "Creo que el Parlamento ha de ser quien tenga la información exhaustiva en primer lugar en el menor tiempo posible".
Rechazó así las críticas por que haya sido el portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien haya comparecido para explicar la evolución de los acontecimientos, una decisión que, señaló, forma también parte de la gestión de la crisis. Los pasos dados por el Gobierno y cómo ha informado "han dado los resultados buscados y esperados".
El caos aéreo y, sobre todo, la decisión de decretar el estado de alarma, acaparó la celebración del Día de la Constitución en el Congreso, donde hasta su presidente, José Bono, se refirió a la crisis en su discurso.
Por su parte, la Fiscalía investigará, por la vía penal, "caso por caso" a unos 500 controladores, una cifra similar al número de expedientes disciplinarios abiertos por Aena (442), que también estudiará cada situación particular para determinar si ha habido alguna falta y, en su caso, establecer la gravedad de la sanción.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó que están abiertas la vía penal y la administrativa, con sanciones que van desde la suspensión de empleo hasta la pérdida de la licencia de controlador.
Abundó en esta materia el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien informó de que la Fiscalía comenzará pasado mañana a tomar declaración a los controladores. Según dijo, todos los casos se seguirán por la vía ordinaria y no por la militar, dado que no se tiene constancia de ningún supuesto punible después de que el Gobierno decidiera militarizar el control aéreo.
Además, distinguirá entre controladores dirigentes y de base al juzgar los delitos en los que pudo incurrir el colectivo al abandonar sus puestos, que podrían recibir un trato más favorable si prueban que fueron coaccionados.
Ya son más de 5.000 los afectados que se han adherido a la demanda conjunta del despacho Cremades & Calvo Sotelo, que solicitará indemnizaciones de 10.000 euros por viajero. Y hoy el ministro Miguel Sebastián se reúne con el sector turístico para valorar los daños, que podrían alcanzar los 500 millones.
Cabo: «El Gobierno sabía que esto podía ocurrir»
El portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, explicó ayer que su colectivo ha dado un "salto al vacío" que las autoridades públicas "sabían que podía ocurrir" tras meses de "gestión abusiva" y con la "gota final" del decreto del viernes pasado.
"Que se entienda que desquicie semejante sólo ocurre cuando un colectivo está presionado al límite", dijo Cabo a Efe "a título particular", porque el decreto que ha militarizado el control de los aeropuertos impide la actividad sindical. Recalcó que "la situación caótica del fin de semana" se podía haber evitado "con un mínimo de negociación sobre las horas" y con una llamada "prácticamente de cinco minutos".
Declinó opinar sobre el hecho de que "la gota final" que "arrebató a los controladores" fuera aprobada en víspera del puente más largo del año. Sí aseguró que "esto no puede volver a ocurrir jamás, no se puede permitir", tampoco en Navidades "desde luego", y que "lo único que se necesita aquí es estabilidad laboral y que la gente pueda trabajar tranquila".
Sobre su situación, explicó que "es lógicamente duro" y "nada agradable", hasta el punto de que en los últimos días ha estado prácticamente sin salir de su casa. "Hoy he ido a un restaurante, me han reconocido y he estado toda la comida incómodo", aseguró Cabo. Insistió en disculparse ante los ciudadanos "por un caos sin justificación", pero con una explicación para "saltar al abismo de una manera tan desmedida".
"Sabían que esto podía ocurrir. Al final, en vez de reconocer que la ley estaba mal planteada y corregirlo negociando, han recurrido a un decreto que nos quita los mismos derechos que al resto de los españoles", como disfrutar de una baja por enfermedad o maternidad sin tener que recuperar después las horas.
