Zapatero "discrepa abiertamente" de la decisión del Consejo General del Poder Judicial de sancionar sólo con 1.500 euros al juez Tirado por su actuación en el caso Mari Luz. El PSOE quiere que el presidente del CGPJ explique la decisión, algo difícil, ya que como presidente a la vez del Tribunal Supremo no puede pronunciarse sobre asuntos que deban ser revisados por este órgano.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, trasladó ayer que el Ejecutivo "discrepa abiertamente" con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la sanción de 1.500 euros al juez Rafael Tirado por su actuación en el caso Mariluz, al tiempo que asumió "absolutamente" la parte, "muy determinada", de responsabilidad que le corresponde en la elección del actual CGPJ, como representante del grupo mayoritario en el Parlamento. "Me siento absolutamente responsable de esa elección, supongo que con todos los grupos que han dado su respaldo", en referencia al principal partido de la oposición con quien el PSOE pactó la renovación del Consejo del Poder Judicial.
En la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, Zapatero se refirió ampliamente a este asunto y tras mostrar el pesar y el desacuerdo del Gobierno, dijo que el Ejecutivo respalda el recurso que ha planteado la Fiscalía General del Estado contra la decisión, adelantando que se recorrerán "todos los caminos legales" existentes para corregirla. Igualmente, confirmó que el Ministerio de Justicia "trabaja ya" en la Reforma del Régimen Disciplinario de los jueces.
Zapatero argumentó sus críticas al máximo órgano de Gobierno de los jueces en que, como cualquier otro órgano constitucional, el CGPJ es "responsable de sus decisiones" y está "sometido a crítica". Para apuntalarlo, añadió que el Gobierno cree, además, que está "interpretando" la voluntad de un amplio sector de la opinión pública mostrando su discrepancia "profunda y seria".
Preguntado por si se ratificaba en la idoneidad de la elección de los miembros del CGPJ y de su presidente, Carlos Dívar, Zapatero contestó que el modelo existente exige alcanzar unos acuerdos y respetar la Ley Orgánica.
Recordó que la petición de comparecencia de Dívar la ha hecho el Grupo Socialista en el Congreso y "parece lógico que respalde esta comparecencia para el presidente del CGPJ". "No evalúo a nadie antes de escucharle y lo que queremos es que se explique en la sede de la soberanía y que escuche a los parlamentarios", añadió Zapatero, quien consideró que es buena la "transparecencia" en la toma de decisiones y también lo es que las explicaciones se den en el Parlamento.
Asimismo, según el presidente, la discrepancia que el Ejecutivo mantiene con la decisión sobre el juez Tirado ratifica que el órgano de gobierno de los magistrados "funciona con independencia".
El jefe del Ejecutivo afirmó que había hablado con el padre de la niña la misma tarde en que se conoció la decisión del CGPJ. En esa conversación, el presidente le dijo que comprendía su dolor y le trasladó que su reacción y testimonio va a tener "consecuencias y efectos positivos para el funcionamiento de la Administración de Justicia".
Comparecencia. Lo cierto es que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ya tiene planificada una comparecencia en el Congreso de los Diputados "a primeros de año", pero no hablará de la sanción al juez Rafael Tirado, ya que como presidente del Tribunal Supremo no puede pronunciarse sobre asuntos que deban ser revisados por este órgano.
Así lo informó ayer a Efe la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que ha señalado que Dívar tiene prevista una comparecencia, aún sin fecha, en el Congreso para explicar las decisiones y actuaciones llevadas a cabo por el órgano de gobierno de los jueces. "La comparecencia está prevista una vez iniciado el año parlamentario", según Bravo, quien ha hecho hincapié en que Dívar estará limitado en sus explicaciones, ya que no puede pronunciarse sobre asuntos que tienen que ser revisados por el Tribunal Supremo al ser el presidente de este órgano.
El Supremo será el encagado de examinar el recurso que la Fiscalía interpondrá ante su sala tercera contra la decisión del CGPJ de mantener la multa de 1.500 euros al juez Rafael Tirado por no ejecutar la sentencia que condenó por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de la niña onubense Mari Luz Cortés, en lugar de suspenderle de empleo y sueldo.
La portavoz del CGPJ ha señalado que este órgano, aunque asume las críticas que se enmarcan en el pleno ejercicio de la libertad de expresión, está convencido de que la decisión sobre Tirado "se basó estrictamente en la aplicación de la Ley y fue adoptada tras un debate jurídico". "Este Consejo, con arreglo al principio de transparencia, no se opondrá a la comparecencia que en su día se prevea", concluyó.
