Que dos personajes de similar ideología y cuyas respectivas familias vivieron el drama de la represión franquista como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón discrepen sobre la conveniencia o no de que en España se constituya una Comisión de la Verdad que revise los crímenes franquistas refleja la complejidad de un proceso iniciado con la Transición pero, probablemente, sin culminar. Quizás porque, como señaló Zapatero durante su conferencia inaugural del Master de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo en la Universidad Pablo de Olavide, la democracia es siempre una tarea inacabada. Mientras Zapatero defendió la Ley de Amnistía como el acuerdo que abrió la puerta a la Transición y era lo que tenían que hacer los españoles en ese momento histórico y consideró que la ley que su Gobierno aprobó en 2007 remató los flecos pendientes, Garzón juzgado y absuelto por presunta prevaricación por abrir una investigación sobre fosas comunes (su inhabilitación fue por las escuchas de la trama Gürtel) denunció que a esa Transición le falta justicia y solo llegará con una Comisión de la Verdad como las de Lationamérica. Transición y Memoria era el título de la conferencia de Zapatero, que hizo una defensa cerrada del proceso iniciado tras la muerte de Franco para pasar de 40 años de dictadura a una democracia todavía más corta que lo que duró el régimen. De hecho, dijo, hubo consenso político, jurídico y social sobre el carácter modélico de la Transición hasta el año 2000, un proceso que a su juicio solo fue posible por el acuerdo al que se llegó con la Ley de Amnistía y que en las sucesivas legislaturas ya en democracia se fue desarrollando con normas de restitución fundamentalmente económica a los represaliados. Es al inicio del siglo XXI cuando hay un cambio significativo en el sentido del debate y se intensificó la reivindicación del reconocimiento moral y político con el fenómeno de las asociaciones de memoria histórica, normalmente encabezadas por generaciones más jóvenes que la que hizo la Transición. A ese nuevo clima intentó responder, tras encargar un informe sobre qué derechos quedaban pendientes por reconocer a los represaliados, la mal llamada Ley de Memoria Histórica que es en realidad una ley de derechos individuales y, en todo caso, de memoria democrática. El expresidente sacó pecho de las indemnizaciones a los exiliados, los condenados a trabajos forzosos, los internados en centros especiales por su condición sexual o a más de 2.000 niños de la guerra; la concesión de la nacionalidad española a unos 200.000 nietos de exiliados; la supresión de símbolos franquistas y las ayudas públicas para la exhumación de fosas comunes que defendió como fundamental. Reconoció que se planteó la revisión y anulación de juicios que descartamos no solo por razones jurídicas sino por convicción política de que hubiera sido un error serio e incumplir el mandato de la Transición, pero algo había que hacer y establecimos una declaración general de ilegitimidad de los procesos y sentencias y abrimos la vía del reconocimiento individual. De hecho, por esta vía, unas 2.000 personas han solitado ya una declaración que concede el Ministerio de Justicia de que las condenas fueron ilegítimas. Es ahí donde la postura del expresidente socialista chocó con la de Baltasar Garzón, que intervendrá hoy en una mesa redonda del Master, organizado por la Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y cuyo seminario inaugural trata de comparar las Transiciones de España y Brasil. De hecho, fue una pregunta directa del exministro de Derechos Humanos del país cairoca sobre la posibilidad de abrir una Comisión de la Verdad en España la que dio pie a que, tras la negativa de Zapatero, interviniera el propio Garzón desde el público. Si el expresidente defendió el consenso para la convivencia que nuestros padres hicieron pensando en nuestros abuelos, las auténticas víctimas y que basta con declarar la ilegitimidad de juicios y condenas porque la verdad ya la sabemos todos, para Garzón no habrá Transición completa sin justicia y verdad. Un pueblo que oculta lo que ha sufrido está condenado a repetirlo y en España basta que se hable del tema para que salten ampollas, dijo el exmagistrado, tras instar a la izquierda porque la derecha obviamente no lo va a hacer a plantear, sin cuestionar la Transición, la revisión de la Ley de Amnistía antes de que desaparezcan todas las víctimas de los crímenes franquistas.