La disposición adicional segunda del Estatuto de Andalucía fijaba de modo taxativo que el Gobierno Central y la Junta de Andalucía tenían de plazo hasta mañana sábado, veinte de septiembre, para cuantificar el dinero que aún debe pagarle el Estado a la comunidad andaluza en concepto de la llamada deuda histórica, un erróneo concepto político que alude a las cantidades con que el Estado debe complementar a Andalucía para la nivelación de los servicios que se transfirieron en su día.
Ese plazo, sin embargo, ya no se cumplirá. Los miembros de la comisión bilateral Junta-Gobierno celebrada ayer en Madrid acordaron una ampliación de seis meses para fijar esa partida. A pesar del intenso calendario de reuniones de los últimos días, ambas administraciones han sido incapaces de ponerse de acuerdo en el montante global.
La Junta fijó un mínimo de 1.148 millones de deuda. El Gobierno ni siquiera ha llegado a plantear abiertamente una cifra, fundamentalmente porque ha demostrado no estar interesado en resolver este precepto estatutario con Andalucía antes de amarrar el sistema de financiación con todas las comunidades, sabedor de que el resto de territorios querrán rascar un suplemento extra al socaire del pago de lo que el Estado debe a Andalucía y que no es ni una ocurrencia ni un capricho del Gobierno de Chaves sino una disposición incluida en una ley orgánica que aprobó el mismo Ejecutivo que hoy ha negado su cuantificación a tiempo.
El incumplimiento con el Estatuto catalán en cuanto a pactar las bases del sistema de financiación antes del 8 de agosto y el telón de fondo de la crisis son factores que también han influido. Sin embargo, la exigencia catalana afecta al modelo común de todas las comunidades y Zapatero cumplió al presentar, al menos, una propuesta. Lo de la deuda andaluza es pura bilateralidad que en nada concierne al resto de territorios.
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, se apresuró ayer a recalcar que el retraso no debe de interpretarse como un incumplimiento del Estatuto. Difícil y encomiable labor la de la ministra: convencer a los andaluces de justo lo contrario de lo que ha ocurrido. Pero este incumplimiento con Andalucía puede tener más calado del que quizás haya previsto el Gobierno de Zapatero -inmerso en una encrucijada de frentes hostiles y compromisos incumplidos con comunidades gobernadas por su propio partido-.
Es la primera ocasión en la que el Ejecutivo socialista andaluz se enfrenta a un gobierno de su mismo signo político. Chaves sigue firme en su advertencia de no aprobar el modelo de financiación si antes o en paralelo no se aprueba la deuda histórica. A partir de esa posición política, Zapatero y Solbes habrán perdido a su principal y casi único aliado para su propuesta de modelo: el líder socialista que más se ha batido el cobre en su defensa. Aunque está por ver que Solbes mantenga la propuesta actual.
Habrá que estar muy atentos a las consecuencias de esta crisis porque llegados a este punto el Gobierno no tiene más remedio que aceptar que antes de seis meses el asunto debe resolverse. No hacerlo sería una temeridad en términos políticos, sociales y electorales. Andalucía es la que más diputados socialistas aporta al Congreso de los Diputados: 35. Y Zapatero no anda sobrado como para prescindir de este sólido apoyo, conquistado hasta ahora en buena lid. Pero el PSOE de Andalucía tampoco va a dar un paso atrás que socave el convencimiento de los andaluces de que es el partido que defiende sus intereses.
