Una vez más, Europa saca los colores a España por los abusos urbanísticos, sobre todo en la costa andaluza, que terminan perjudicando a los extranjeros. La eurodiputada del Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP), Marta Andreasen, se enzarzó ayer en Estrasburgo en una discusión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a cuenta de la inseguridad que tienen los británicos a la hora de comprar una casa en nuestro país. Llegó a decir que los ingleses temen que la situación en España sea "similar" a la que sufrieron los británicos en Zimbabue con el régimen del general Mugabe por el "riesgo de confiscación" de sus casas en lugares como Andalucía. Y se preguntó por qué se les da este trato en un país "amigo y europeo".
Zapatero rechazó "drásticamente" esta equiparación y defendió que España es un Estado de derecho en el que se respetan las leyes. "No puedo asumir, como presidente del Gobierno de España, la comparación que se ha hecho o que se ha pretendido hacer aquí por una representante de un grupo político determinado desde Gran Bretaña citando textualmente a Zimbabue. No lo puedo admitir bajo ningún concepto. Es inasumible. No lo acepto", replicó Zapatero a Andreasen durante su comparecencia ante el Parlamento para presentar los resultados de la presidencia española.
"La situación que se está produciendo es una violación de Derechos Humanos, amén de ser un componente importante de la crisis que vive España. ¿Espera usted que esta Unión Europea venga al rescate de un país donde esta violación continúa produciéndose sin que el Gobierno central se decida a intervenir?", le espetó la eurodiputada en español. "Mi país es un Estado de Derecho que respeta y hace respetar las leyes y, en la aplicación de las leyes, son los tribunales los que tienen que aplicar esa ley", le respondió el presidente del Gobierno.
"Somos los primeros que nos sentimos cerca de las personas, en este caso británicos, que hayan podido ser objeto de estafa por algún depredador del sector inmobiliario. Y en ese sentido estamos trabajando en el Parlamento Europeo y con los grupos parlamentarios y trabajaremos y haremos todo lo que esté en nuestras manos", dijo Zapatero. El presidente del Gobierno señaló además que la propia Eurocámara "ha exigido a España en más de una ocasión la protección medioambiental de su litoral". Por ello, defendió la necesidad de aplicar la ley de costas para "proteger frente a la vorágine inmobiliaria" y combatir los abusos que puedan afectar a espacios naturales".
El pleno de la Eurocámara amenazó el año pasado a España con congelar las ayudas europeas si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas. En Andalucía, la situación es especialmente delicada. Hay 800.000 extranjeros residentes en la comunidad, según datos del Instituto de Estadística de Andalucía. La mayoría de ellos, atraídos por el clima de sol y playa, decidieron invertir y comprar una vivienda sin saber, por ejemplo, que la construcción no contaba con la licencia correspondiente. El último caso polémico fue el anuncio de derribo de varias urbanizaciones en Albox (Almería). Dos familias británicas lograron en los tribunales paralizar la demolición de sus viviendas, pero aún quedan muchas más. Ante la alarma social, la Junta garantizó que analizará de manera individual la situación y las soluciones posibles a las viviendas construidas fuera del ordenamiento urbanístico, para poder determinar si pueden adecuarse al modelo de ordenación urbana y, si es así, fijar compensaciones para los municipios.
