M.Ureta / Redacción
El Estado ha pagado a Andalucía los 300 millones de anticipo de la deuda histórica, un concepto recogido en el Estatuto y cuya cifra final, que el PSOE-A fija en 1.500 millones, aún no está cerrada. Expertos reclaman crear una dirección general en el Gobierno andaluz para impulsar el texto.
El Consejo de Ministros aprobó ayer pagar a Andalucía un anticipo de 300 millones de euros de deuda histórica, un concepto recogido en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía. El acuerdo, que se ajusta a lo previsto en los Presupuestos Generales para 2008, establece que este dinero se descontará, junto al primer adelanto de 120 millones abonados por el Ejecutivo de Aznar en 1996, de la cifra total que aún no está fijada. Junta y Gobierno deberán cerrar un pacto definitivo sobre la cuantificación de la deuda antes del 20 de septiembre de este año. El plazo máximo para su liquidación completa expira el 20 de marzo de 2010.
Tras las recientes elecciones autonómicas, que volvieron a dar la mayoría absoluta a los socialistas, el PSOE-A destapó la cifra que pondrá sobre la mesa en la negociación con el Estado: 1.500 millones. Aunque la intención del presidente andaluz es pactar con el resto de partidos la cantidad, los socialistas han admitido que va a resultar casi imposible. Las reacciones de ayer fueron las previsibles. El PSOE se alegró de que "una vez más el Gobierno cumpla con Andalucía", y, para el PP, "Zapatero paga de una vez la deuda a Cataluña y a Andalucía lo hace a plazos y sin fijar nada".
El Estatuto dio el empujón determinante a un antiguo conflicto económico. En la próxima legislatura, el nuevo Gobierno socialista será el encargado de gestionar el texto. En el desarrollo del mismo "el poder ejecutivo deberá ser lo más ambicioso posible, aunque en los próximos cuatro años no se va a poder llevar a cabo del todo". Esta fue una de las conclusiones que citó ayer Miguel Agudo, profesor de Derecho Constitucional y coordinador de un informe "señero", elaborado por juristas de prestigio, sobre el impacto de la reforma.
A juicio de este experto hay que crear estructuras administrativas para impulsar el Estatuto más allá de la comisión de seguimiento en el Parlamento. Agudo apuesta por establecer una dirección general o una secretaría dentro del Gobierno andaluz para potenciar el texto autonómico, evaluarlo y compararlo con el de otras comunidades.
Admitió que la financiación territorial puede plantear "tensiones y conflictos", por lo que la colaboración con el Estado deberá ser "más firme". Sin embargo, auguró que las comisiones mixtas no pondrán en peligro el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que el principio de solidaridad "nunca se pondrá en tela de juicio". Sobre los aspectos más complicados de la reforma, la garantía de los nuevos derechos sociales, vaticinó un "esfuerzo de ingeniería política" y de financiación que implicará reformas legales.
