Un gran acuerdo entre PSOE y PP impulsado por el Gobierno y condicionado por los pactos de Francia y Alemania para una mejor gobernanza económica de la Eurozona y para atajar la persistente crisis de deuda pública supondrá la segunda reforma de la Constitución en sus 33 años de vida, en concreto para fijar un déficit máximo “cercano a cero” para el horizonte de 2018.
José Luis Rodríguez Zapatero propuso ayer reformar la Constitución para establecer una regla que garantice la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo y en relación tanto con el déficit público estructural como con la deuda, que vincularía a todas las administraciones.
Durante el debate de convalidación en el Congreso del decreto-ley de medidas económicas que se aprobó el pasado viernes, dijo que el límite de gasto recogido en la Carta Magna ayudaría a “fortalecer” la confianza internacional en la economía española. Esta iniciativa, según adelantó, había sido trasladada tanto al líder del PP, Mariano Rajoy, como al candidato socialista a la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba. “Considero factible llegar a ese acuerdo de reforma constitucional e invito a los dos grupos mayoritarios y a los demás grupos de la Cámara a que la concreten en una proposición de ley (...) que pudiera ser aprobada de inmediato”, subrayó Zapatero.
El jefe del Gobierno indicó que España se sumaría a las iniciativas que, en este sentido, ya están aprobando otros países de la UE, que han anunciado que adoptarán de forma inmediata medidas de ajuste fiscal. Señaló que el camino de “consolidación” de las finanzas en España está “trazado” y confió en que el Ejecutivo que salga de las urnas a finales de año, “sea del signo que sea”, continuará transitando por él.
Como se trata de una “decisión estratégica de calado, estructural y no coyuntural” y, además, “muy mayoritariamente asumida” por la sociedad española y por sus representantes, Zapatero apostó por trasladarla a la Constitución tal y como ya están haciendo o planteándose hacer las otras grandes economías europeas.
El pasado 16 de agosto, el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, pactaron proponer a los socios de la Eurozona que incluyan en sus respectivas constituciones una regla de equilibrio presupuestario , algo que contempla la Carta Magna germana desde el año 2009, y que otros países como Italia quieren aplicar.
Zapatero dijo estar convencido de que una reforma de la Constitución implica acometerla “con todo el consenso imprescindible y todo el consenso posible”, y hacerlo con esta voluntad desde el principio del procedimiento normativo. “Nada mejor para ello que hacerlo a partir de una iniciativa parlamentaria”.
Mariano Rajoy, por su parte, expresó el apoyo de su partido a la propuesta del jefe del Ejecutivo pero, eso sí, aprovechó para recalcar que el actual candidato Rubalcaba se opuso a esta medida y la descalificó cuando la planteó el PP hace un año.
Cuando hubo mofas. Rajoy afirmó que “facilitará” la tramitación de la reforma de la Carta Magna, en coherencia con la postura que viene defendiendo el PP, que propuso por primera vez tal modificación el día 25 de junio de 2010. “Habría que haberlo hecho ya y las cosas nos habrían ido mejor”. Dicho esto, recordó las críticas que recibió él mismo hace un año cuando defendió aquella iniciativa, entre ellas las de Rubalcaba. “Me gustaría saber si quien hizo las descalificaciones, las gracias y las chanzas y demostró un alarde de conocimientos económicos sin parangón, ahora ha cambiado de opinión y hoy dice exactamente lo contrario que dijo hace un año. Y digo esto pues esa persona es importante y su voto será decisivo para que la reforma salga adelante. La persona fue el señor Rubalcaba, hoy líder de su partido”, espetó Rajoy a Zapatero.
En su día, Rubalcaba preguntó a Rajoy si realmente tenía “algo más que decir además de la idea genial de cambiar nuestra Constitución” y le pidió, por tanto, que dijera “algo útil” en lugar de proponer esa reforma. “Como todos sabemos, la Constitución es una ley que se cambia fácilmente y en un plis-plas nos arregla la crisis”, ironizó el entonces vicepresidente del Gobierno. Es más, señaló que fijar un límite de gasto público a las comunidades autónomas “va en contra de la Constitución”. El propio Zapatero rechazó el planteamiento, y también recurrió en 2010 a la ironía. “Es original, aunque sin fundamento, ni eficacia”.
Precisamente Rubalcaba, ya en los pasillos del Congreso y a preguntas de los periodistas, aclaró ayer que Zapatero le convenció de la necesidad de la reforma constitucional la noche del lunes tras asegurarse el acuerdo con el líder de los populares. “Pensé que un gran acuerdo entre el PP, el PSOE y el Gobierno para luchar contra el déficit podía ser muy importante para la buena marcha de la economía en estos momentos”.
Hasta 2018. Ante el Congreso, Zapatero aseguró que la regla fiscal que se podría incluir en la Constitución no se empezaría aplicar hasta 2018-2020, tras concluir el actual proceso de consolidación fiscal, y adelantó que la propuesta del Gobierno contiene elementos de flexibilidad, como así demandan algunos grupos parlamentarios. Pese a la necesidad de aprobar cuanto antes este cambio, matizó, no se trataría de una fórmula “para el año que viene”, sino que debe tener un horizonte de una década aproximadamente. Debe tener, indicó, “criterios objetivamente rigurosos” sobre el déficit estructural y flexibilidad en otros aspectos.
