El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, ha afirmado este miércoles que el nuevo modelo de gestión del Guadalquivir está "prácticamente cerrado". Según ha dicho, "será integral" porque "el río no se compartimenta", aunque compartido entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, que tendrá "la última decisión en muchos de los temas".
Así lo ha indicado Zarrías a preguntas de los periodistas en Jaén sobre el encuentro que este martes mantuvieron el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, y el presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán . En la reunión, "altamente positiva", se acordó convocar una comisión bilateral de cooperación "en la segunda semana del mes de septiembre" para analizar asuntos que están sobre la mesa entre ambas administraciones.
Entre ellos, según ha destacado, se encuentran el inicio del traspaso a la comunidad autónoma de patrimonio de la Seguridad Social así como analizar el grado de cumplimiento del Estado sobre las inversiones que debe hacer en Andalucía en función de su peso poblacional en el conjunto del país, un 17,8 por ciento. "Se está cumpliendo la inversión prevista y así se reconocerá por esa comisión", ha apuntado.
Junto a estas cuestiones, se trató la relativa a la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que rechazó que fuera exclusivamente andaluza . Al respecto, el secretario de Estado ha dicho que "en los próximos días" estará en marcha con las modificaciones legales correspondientes, al tiempo que ha asegurado que, acatando y cumpliendo la sentencia, reconocerá "a Andalucía el peso que debe tener la gestión".
Preguntado por los detalles del futuro sistema, Zarrías ha explicado que será compartido. "El río no se compartimenta. El río tiene una unidad de cuenca y, por tanto, la gestión es integral y en esa gestión hay parte que la hará la Junta de Andalucía y parte que se quedará el Estado con ella, como ocurre con cualquier otra cuenca tras la sentencia del Constitucional. No se va a partir el río si es lo que pregunta", ha asegurado.
En este sentido, ha añadido que en esa gestión el Estado se hará cargo de "lo que significa la última decisión en muchos de los temas", aunque "habría una parte significativa que se la encomendaría a la Junta sin que en ningún caso se menoscabe ni un ápice los contenidos de la sentencia". Sobre el posible coste económico de esta decisión judicial para ambas administraciones, asimismo, ha considerado que no es "una cuestión importante ni desde el punto de vista cuantitativo ni cualitativo".
En cualquier caso, ha comentado que existen aspectos concretos que "se van a delimitar en las próximas fechas", si bien ha insistido en que el modelo que sustituirá al que en un principio se estableció en Estatuto de Autonomía "está prácticamente cerrado", teniendo en cuanta, además, el horizonte que supone el fin de la encomienda transitoria que concluye a principios del mes de octubre.
