Guerra contra los gorrillas. Esto fue a grandes rasgos lo que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, vino a decir ayer durante una visita al barrio de Bami, una zona castigada tradicionalmente por la presencia de los aparcacoches. La fórmula para conseguirlo no es nueva, pues se trata de aplicar la ordenanza antivandalismo que se aprobó en julio de 2008. En otras palabras: que lluevan las multas.
La norma aprobada hace tres años contemplaba la práctica de los gorrillas, que calificaba como "mendicidad con coacciones", y establecía una multa de 120 euros para quienes la ejercieran. Según el alcalde, el anterior gobierno municipal nunca la puso en funcionamiento por completo. "La propia Policía Local, que empezó a tener una actuación continua en muchas zonas de Sevilla, veía que después las sanciones no se tramitaban", declaró ayer Zoido.
El alcalde puso como ejemplo los datos sobre el número de multas que la Policía ha interpuesto a los gorrillas en los últimos años. Si en 2009 los agentes impusieron 978, en 2010 la cifra cayó a menos de la mitad, 429. El descenso lleva camino de ser aún mayor este año, ya que las multas hasta ahora ascienden a 131. La bajada se debe a que la Policía dejó de estar presente en las zonas donde se concentran los gorrillas. El motivo, según Zoido, es que "se desmotivan al ver que no pasa absolutamente nada, las multas no se instruyen y no trabajan con la misma perseverancia". El alcalde denunció que desde que se aprobó la ordenanza antivandalismo "ninguna de las multas ha sido tramitada".
En presencia de un grupo de vecinos, Zoido se mostró tajante en su intención de "acometer la eliminación de los gorrillas" y aseguró que "la Policía tiene instrucciones concretas para actuar con la misma intensidad que al principio para erradicar esta práctica". Además, anunció que el consistorio va a crear una oficina "a coste cero", gestionada por funcionarios, para que se tramiten las sanciones, de forma que exista un organismo que se dedique a este asunto de manera específica.
No obstante, el problema de aplicación de la ordenanza no recae exclusivamente en la actuación de la Policía o en el trámite administrativo de las multas, sino también en la dificultad de multar a los gorrillas, que se suelen declarar insolventes y no hacen frente a la sanción. Desde ahora, quienes no dispongan de medios económicos para abonar los 120 euros de multa tendrán que conmutarlos por trabajos en beneficio de la comunidad.
Los vecinos que estuvieron presentes en la comparecencia del alcalde acogieron con satisfacción las medidas y se mostraron esperanzados con que la Policía vaya a actuar, cosa que, denuncian, no ha ocurrido hasta ahora. La presidenta de la asociación de vecinos de Bami, Laura Baños, explicó que el problema de los gorrillas no se limita a tener que pagarles cuando aparcan el coche sino que deriva en un problema de delincuencia y mendicidad: "Estamos hablando de personas que viven en nuestras calles y que nos roban. Yo he visto bolsos robados en las escaleras de mi casa".
El barrio de Bami no es el único que concentra a los gorrillas, que también son habituales en zonas del Centro de la ciudad, como las inmediaciones de la Plaza de la Gavidia. El alcalde anunció que los agentes van a actuar en estas otras zonas o en aquellas a las que se desplacen huyendo de la presión policial, por lo que se seguirá la táctica que se está utilizando en la lucha contra la prostitución.
Los vecinos también cargaron contra el funcionamiento del número de emergencias 112, ya que aseguran que no desvía las llamadas a la Policía Local. Zoido aseguró que pedirá a la Junta una mejora del servicio y que, de no producirse, se planteará el restablecimiento del 092 como número de emergencias.
