I.M./M.U./D.C.
El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, se mostró ayer convencido de que la jueza Mercedes Alaya, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos públicos, puede terminar imputando a algún miembro del actual Consejo de Gobierno. Zoido, en una entrevista en Canal Sur, no dio ningún nombre, aunque sí aclaró que no se refería expresamente al presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
El PP ha pedido la comparecencia en el próximo pleno de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, acudirá el día 24 después de que ésta apuntara a las responsabilidades políticas de los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández. Martínez Aguayo fue viceconsejera de Hacienda durante parte de los años investigados y recibió los avisos de la Intervención sobre desviaciones presupuestarias e irregularidades en el procedimiento de concesión de ayudas. Ella misma así lo ha asegurado, para aclarar que no dio traslado de esos avisos al que era su jefe, el consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, y que nunca supo del fraude.
Zoido habló de una posible imputación de algún miembro del Gobierno por intervención directa o indirecta en el caso y subrayó que la imputación puede venir por conocerlo y consentirlo o no alertarlo. Hay personas en la Junta que sin duda alguna están muy señaladas, agregó. El líder popular admitió que le sorprendió que Martínez Aguayo apuntara a Viera y Fernández e ironizó sobre que esto haya generado un debate sobre si lo dijo como consejera de Hacienda o como Carmen Martínez Aguayo.
El PSOE-A y el Gobierno se desmarcaron de esas declaraciones de la consejera. Precisamente ayer el expresidente Manuel Chaves volvió a insistir en que las palabras de Martínez Aguayo apuntando a Fernández y Viera son la opinión personal de la consejera. No es la opinión del Gobierno ni la opinión de los socialistas, agregó.
El presidente de la Junta replicó a Zoido que es impropio de un líder de la oposición que afirme que algún miembro del Gobierno puede terminar imputado. Estas declaraciones de Zoido son sin duda muy propias de él, pero impropias de un líder de la oposición, subrayó Griñán, informa Europa Press.
Desde el PSOE-A, el vicesecretario general, Mario Jiménez, afeó al dirigente popular que haga de pitonisa Lola con los ERE y aseguró que habrá que preguntarle al jefe de la oposición por qué puede afirmar que habrá imputados del Gobierno. El dirigente socialista eludió reproducir las acusaciones que vertió en el pleno la pasada semana, cuando insinuó una conexión directa entre la jueza Alaya y el PP y preguntó si la oposición tenía acceso directo al sumario bajo secreto. No obstante, insistió en preguntarle a Zoido por qué podía hacer esa aseveración de una próxima imputación y qué información tenía.
A preguntas de los periodistas, Jiménez mantuvo frialdad sobre la posible imputación de la consejera Carmen Martínez Aguayo. ¿Cree que puede haber algún miembro del Gobierno imputado? No. A otra pregunta: El PSOE respalda al Consejo de Gobierno, se limitó a responder. Repreguntado sobre el tema añadió: Son más infamias e infundios del PP.
Por su parte, Izquierda Unida aseguró que sometería a un referéndum de la militancia su continuidad en la Junta si algún miembro del Consejo de Gobierno fuese imputado en los ERE. El portavoz del grupo parlamentario de IU, José Antonio Castro, reconoció que no descarta nada, pero que en cualquier caso la decisión de su formación no sería romper de inmediato el pacto. Antes, explicó, IU valoraría la situación y sometería la decisión de abandonar el Gobierno a un referéndum con la militancia, igual que se hizo para decidir si se entraba o no en el Ejecutivo. En cualquier caso, lo primero que vamos a hacer antes de irnos del Gobierno es expulsar a ese alguien [imputado] y no precisamente con honores. Luego ya veríamos, matizó IU.
Desde el PP-A, advirtieron ayer de que irán a los tribunales si el presidente del Parlamento no atiende la petición de amparo que le han hecho llegar para que les permita consultar expedientes de la Consejería de Empleo que no han podido analizar por el búnker en que la Junta quiere convertir ese departamento.
