La Gerencia de Urbanismo anunció ayer la constitución de un comité técnico cuya misión principal será actualizar el texto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como medida indispensable para generar proyectos de empleo en la ciudad, puesto que la actual planificación aprobada en 2006 justifica el Ayuntamiento presenta evidentes desajustes y limitaciones en sus planteamientos.
El concejal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, argumenta la necesidad de cambiar el PGOU porque no da cabida a proyectos que promueve el Gobierno de Juan Ignacio Zoido, como son el cambio de uso del suelo del edificio de la Gavidia y la construcción del aparcamiento subterráneo en la Alameda, que no tienen encaje en el ordenamiento urbanístico vigente. No podemos permitir que Sevilla pierda inversores, que la Gavidia siga como está o que no se pueda llevar a cabo el parking de la Alameda, entre otras muchas situaciones, solo porque el PGOU es intocable, asevera.
Un argumento que, no obstante, rebaten desde la oposición municipal, que no estará sentada en la mesa de este comité, según confirmaron ayer fuentes municipales. Así, el portavoz adjunto del Grupo municipal Socialista, Antonio Muñoz, pidió al Consistorio que no venga ahora con la milonga de que se pierden inversiones si no se retoca el PGOU, puesto que Urbanismo fue el primero que aburrió a un inversor con nombre y apellidos, Decathlon, en referencia al interés que tenía esta empresa por instalarse en los terrenos anexos al Estadio Olímpico.
Además, mostró su sorpresa por la constitución de este comité justo en el ecuador del mandato cuando tenía que haber sido una medida a adoptar al principio del mismo, al tiempo que expresó sus dudas acerca de cómo va a convivir esa comisión que estará formada por el gerente de Urbanismo, personal de la Gerencia y técnicos urbanistas de reconocido prestigio que puedan aportar una visión externa, explica el Ayuntamiento, con las siete modificaciones del PGOU que ya están en proceso de tramitación y entre las que se incluyen los casos de la Gavidia y del parking de la Alameda. Lo lógico abundó sería que se paralizasen hasta que el comité se pronunciase. Aunque comparte la idea de que el PGOU no es un dogma que no se pueda tocar, estaremos muy vigilantes para que se cumpla la legislación básica, que recoge que cualquier modificación debe responder al beneficio de la ciudad y los sevillanos, algo que a su juicio no concurre en los proyectos que el Consistorio quiere sacar adelante y que afectan a la esencia del PGOU.
El portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, cuestionó, al igual que Muñoz, que esta iniciativa, que se llevará al Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo el próximo miércoles, llegue dos meses después de que se reuniese la Comisión de Seguimiento del PGOU, tras casi dos años sin convocarse. En vez de dejar que sea esa mesa en la que están representados los partidos políticos, Colegio de Arquitectos, de Aparejadores, patronales empresariales y sindicatos la que haga esa valoración, lo externalizan con representantes que pueden tener sus intereses, señaló.
Así, Rodrigo Torrijos acusó al Ayuntamiento de que en el fondo lo que subyace es revertir el modelo consolidado de ciudad habitable y sostenible para recuperar la productividad del suelo a favor de intereses privados y de utilizar a los parados sevillanos como rehenes de la Sevilla del pelotazo urbanístico con los proyectos de Altadis, Gavidia y aparcamientos subterráneos con la justificación de que van a crear empleo.
Sin embargo, Urbanismo asegura que quiere adecuar el PGOU a las demandas de los sevillanos, a la legislación actual y a las condiciones socioeconómicas, aunque aclara que pretende hacerlo sin plantear una alteración de los principios y propuestas básicos ni el modelo urbano establecido desde la década de los 80. No piensan igual desde la Junta de Andalucía, puesto que la Comisión de Patrimonio ha emitido informes desfavorables sobre la finca que albergaba la antigua comisaría de la Gavidia, actualmente declarada como Suelo de Interés Público y Social (SIPS) y donde el Gobierno municipal proyectaba la construcción de una gran superficie comercial, y también sobre la construcción de aparcamientos subterráneos rotarios en el casco histórico, en referencia al programado en la Alameda.
El Ayuntamiento se basa en la crisis, en la reprogramación de las inversiones públicas, el escaso grado de ejecución de los desarrollos de suelos urbanizables, en que no se han construido las 45.000 VPO previstas y en la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la ilegalidad de varios artículos del PGOU, entre ellos el que permitió construir las setas de la Encarnación basándose en que no existe un plan específico de protección para esos sectores.
