El portavoz del PP, Juan Ignacio Zoido, considera que el caso Mercasevilla debería estar ya en el juzgado tras la presentación de la correspondiente denuncia. Culpa de esto directamente al alcalde, aunque indirectamente alude también a la fiscal jefe que revisa el caso desde febrero, cuando recibió la denuncia, y aún no la ha remitido al juez.
Zoido cuestionó ayer el desarrollo del proceso abierto por la grabación en la que los directivos de Mercasevilla reclamaban supuestamente el pago de 450.000 como condición para facilitar al grupo La Raza el acceso a una subvención de la Junta: "Es un caso gravísimo que aún no está donde tiene que estar, en los tribunales, pues conociéndose los hechos y a los dos presuntos responsables está en la Fiscalía, cuando debía estar en manos de un juez con la correspondiente denuncia". Aunque el portavoz del PP -magistrado y ex decano de los jueces en Sevilla- eludió cuestionar directamente a la fiscal jefe, María José Segarra, - "tendrá que ser ella quien les explique por qué no ha llevado el caso al juzgado", respondió a los periodistas- sí esbozó sus dudas sobre el proceso, afirmó que sólo "con lo escrito hay hechos suficientes para presentar una denuncia" e incluso puso como ejemplo la tramitación del caso de Ohanes (Almería), donde una grabación referente al cobro de comisiones fue remitida a la Fiscalía y, de ahí, "inmediatamente" al juez
Pese a estas palabras, Zoido quiso responsabilizar especialmente al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, a quien culpó de no haber presentado ya una denuncia en el juzgado. El regidor acudió a la Policía Judicial para explicar la información de la que disponía sobre la actuación de los ex directivos de la empresa Fernando Mellet y Daniel Ponce. A partir de ahí, quedó a la espera de la actuación de la Fiscalía.
Pese a ser subvenciones de la Junta, el PP considera que el caso debe aclararse en el seno del Ayuntamiento, y de ahí la petición de una comisión de investigación municipal que se presentará en el próximo Pleno, que se completa con propuestas para el inicio de investigaciones internas en Mercasevilla y, especialmente, en la Fundación. El Gobierno local dejó claro su voto respecto a esta iniciativa: "Vendría a entorpecer la comisión auditora encargada de la adjudicación de una revisión de la gestión encargada a una auditoría externa".
El Gobierno local se escuda en el hecho de que el dinero cuestionado es de la Junta y, de hecho, el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, ha tenido que declarar ante la Policía Judicial. Un día después anunció una querella que aún no se ha interpuesto a la espera de tener los datos de declaración de Mellet. Ayer, volvió a recibir el respaldo del consejero Antonio Fernández.
