El Ayuntamiento de Sevilla está contra la espada y la pared porque no quiere quedar para la historia como el Gobierno que sacó a Sevilla de entre las ciudades declaradas Patrimonio Mundial –aunque la licencia para la obra de la torre Pelli la concediera la anterior corporación–, pero es consciente de que el coste de paralizar los trabajos le supondría una indemnización a Cajasol que podría ascender hasta los 200 millones de euros.
Por este motivo, y tras darse a conocer el informe del Centro Mundial de Patrimonio en el que se amenaza con incluir a Sevilla en la lista de Patrimonio Mundial en peligro, el Ayuntamiento de Sevilla envió un comunicado durante la tarde de ayer en el que asegura, aunque sin explicar cómo, que “intentará convencer a la Unesco de que la torre Pelli no supone ningún impacto negativo sobre el paisaje histórico de la ciudad, y que su construcción no afecta ni influye en la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias, declarados Patrimonio de la Humanidad”.
En la nota, en la que se cita al delegado de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, aunque es el pronunciamiento más claro del Ayuntamiento tras numerosas declaraciones tibias del alcalde, se señala que su departamento continuará “defendiendo la declaración de Patrimonio de la Humanidad de los tres monumentos”. Y se muestra confiado en convencer al organismo internacional de que “la construcción de la torre Pelli no les afecta”. Así, y defendiendo la continuidad de los trabajos del rascacielos impulsado por Cajasol –aunque el alcalde, Juan Ignacio Zoido, había aludido varias veces a la búsqueda de una fórmula jurídica y legal que le permitiera parar los trabajos– arguye que “no se pueden poner en juego los empleos que creará la torre Pelli”, e insiste en que la obligación del Consistorio es “convencer a la Unesco”, y añade que “el Gobierno de España va a apoyar a Sevilla para que los monumentos no pierdan la calificación”.
Además, el Consistorio pide ahora a la Junta de Andalucía que “se sume para ir las tres administraciones de la mano” en su defensa, a pesar de que hace apenas dos meses le pidió que asumiese el coste de la paralización de los trabajos.
