El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores De Pablo-Blanco, han defendido este lunes que "ninguna" de las personas desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales ha acudido a los servicios sociales municipales para que los mismos revisen su situación socioeconómica. Después de que la Consejería de Fomento alojase provisionalmente a nueve familias de este colectivo, pero paralizase esta misma actuación en otros ocho casos dada la polémica suscitada por esta decisión, la situación socioeconómica de estas personas debe ser evaluada de nuevo para resolver los realojos. El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó a nueve familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes ocho personas o familias del colectivo. Estos ocho realojos, no obstante, fueron paralizados en el seno del conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución al asunto. Como es sabido, la Consejería de Vivienda ha remitido al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a la evaluación concreta de su situación socioeconómica. Cabe recordar, al respecto, que los servicios sociales del Ayuntamiento, merced a la oferta de 'Ibercaja' para reconducir a su programa social 'Llaves Solidarias' a las familias que acreditasen un verdadero estado de necesidad de vivienda, ya elaboraron en su momento "notas informativas de necesidad de vivienda" en el caso de 25 familias de este colectivo, aunque siempre a los efectos de que 'Ibercaja', como entidad privada, les diese acceso o no a su programa de ayudas. LAS NOTAS INFORMATIVAS PARA IBERCAJA. La propia Dolores de Pablo-Blanco hablaba el Lunes Santo de aquella evaluación señalando que en el baremo social del Consistorio sólo figuraban dos de las familias que forman parte del colectivo, concretamente en los puestos número cien y 122 de un listado de 388 personas o familias. Después de la mencionada petición de la Consejería de Fomento y Vivienda para esta nueva evaluación de las familias, el Ayuntamiento manifestaba que la Administración autonómica se había basado en aquellas notas informativas elaboradas para 'Ibercaja', cuando entregó a nueve personas del colectivo viviendas públicas, señalando además de nuevo que sólo dos de estas personas cumplen los requisitos del 'Baremo para la adjudicación de vivienda a familias en proceso de intervención social'. En ese sentido, primero el alcalde, Juan Ignacio Zoido, y después la concejal de Familia y Asuntos Sociales, han manifestado este lunes en rueda de prensa que "ninguna" de estas personas habría acudido a los servicios sociales municipales para ser sometidas a una nueva evaluación de su situación socioeconómica. "No ha aparecido ninguna de las personas que deben ser valoradas", ha dicho el alcalde insistiendo en la obligación de "aplicar la legalidad vigente". La concejal, en paralelo, ha recordado las notas informativas sobre necesidad de vivienda elaboradas sobre estas personas para que 'Ibercaja' analizase si podían o no acceder a su programa solidario de vivienda, porque la "respuesta" del Ayuntamiento al escrito de la Consejería de Fomento y Vivienda con la relación de personas a evaluar fue "que si se habían basado en esas notas informativas" para entregar viviendas a nueve de las personas del colectivo "tenían que hacer una revisión del procedimiento" de entrega de tales viviendas públicas, pues como se ha explicado las notas informativas elaboradas para 'Ibercaja' sólo incluían dos casos en el baremo social del Ayuntamiento. "En una administración, todo debe responder a un procedimiento público, con criterios objetivos y legales y los informes y evaluaciones de los técnicos", ha dicho la concejal en cuanto a aquella "entrega de llaves" de viviendas de titularidad autonómica "sin que se sepa cuál es el criterio" de adjudicación. "El origen de este problema es la patada en la puerta de una vivienda de propiedad privada. No se puede mirar hacia adelante sin mirar hacia atrás", ha enfatizado.
