El alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), no cree que un posible cambio del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para que Ikea levante su proyecto , con tienda y centro comercial junto al aeropuerto, provoque una “oleada” de peticiones para hacer más modificaciones en el planeamiento, aprobado hace cinco años. Sin embargo, las expectativas son otras. Altadis espera que su antigua fábrica deje de ser un suelo industrial en el PGOU para darle uso , el Sevilla Fútbol Club quiere que el Plan cambie para redimensionar la recalificación de los alrededores de su estadio, el Betis le sigue los pasos, Primark quiere instalarse en la Gavidia, lo que requiere otro cambio, y lo mismo necesita la agrupación empresarial Tablada Híspalis para lograr que la dehesa no sea totalmente verde . También los constructores y promotores de la ciudad consideran que la petición de Ikea conllevará que haya más empresarios que soliciten cambios porque “puede ser una salida para suelos sin expectativas de futuro en estos momentos”.
Por eso la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras, Gaesco , apuesta por la “ flexibilización de las exigencias urbanísticas para adaptarlas a las necesidades de cada momento, lo que no significa la liberalización o la desregulación del urbanismo”, según aclaró el gerente de la asociación, Manuel Sillero. Para la patronal de la construcción, la hoja de ruta urbanística es “nefasta” porque se diseñó en otros tiempos, cuando aún no imperaba la crisis.
Sin embargo, Zoido aseguró ayer ante las preguntas de los periodistas que no cree que vaya a haber “una oleada de peticiones para cambiar el PGOU” después de la reclamación de la multinacional sueca. “No tiene nada que ver”, sentenció tras darle al asunto un toque de humor: “Quien quiera oleadas, a la playa”. El nuevo alcalde reiteró que garantizará la “absoluta transparencia”, que todo se abordará “con luz y taquígrafos” y teniendo en cuenta el máximo respeto a la “legalidad vigente” . Ésas son, según dijo, las máximas con las que el Gobierno municipal del PP negocia la propuesta de Ikea para abrir una tienda y un centro comercial vinculado en los terrenos de San Nicolás Oeste, junto al aeropuerto. Una implantación que, según el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Maximiliano Vílchez, implicaría una modificación puntual del PGOU, y que para el propio redactor del documento –el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras–, para la oposición y para la propia Junta supone un cambio estructural del texto que sólo puede aprobar el Gobierno andaluz. En concreto, Ikea solicita una recalificación de 149.000 metros cuadrados de techo, 41.400 metros más del tope que marca el PGOU. El pasado día 13, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, rechazó que se planteen modificaciones del Plan General justificándolas en la creación de empleo porque “esto puede sentar un precedente y abrir la puerta a elementos que no sean tan positivos”, dijo. Ayer Zoido le contestó reclamándole “coherencia”.
Para el alcalde, el presidente de la Junta de Andalucía debe ser “coherente” y “respetar a Sevilla” para “no tomar decisiones en un sitio pensando en una cosa y en otros sitios pensando en otra”, en alusión –aunque no lo mencionó– a la implantación de Ikea en Jerez , una operación (también con una inversión de 200 millones) que requirió un cambio en el planeamiento jerezano, porque el suelo era municipal, y que sí contó con la aprobación del Gobierno autonómico. Mientras, Ikea ha instado a los propietarios del suelo y al Ayuntamiento de Sevilla a que le aclaren si puede o no desarrollar su proyecto, que no piensa cambiar, y el alcalde mantiene que sigue “trabajando” para ver si la operación se puede encajar o no en el marco de la legalidad.
