El alcalde, Juan Ignacio Zoido, ayer en el pleno junto a Juan Bueno y Beltrán Pérez. El problema de la vivienda centró ayer el pleno municipal, tanto con debates sobre políticas generales para sacar al mercado los pisos vacíos y contra los desahucios como con casos concretos de afectados por éstos, y hasta el posicionamiento de los grupos ante los escraches. La desesperación ciudadana ante esta cuestión fue escuchada dentro y fuera del salón de Plenos: afectados por una presunta estafa en la entrega irregular de pisos de Emvisesa increparon al PP hasta que fueron desalojados y desde fuera llegaban los pitos de los adjudicatarios del edificio Isbylia de Sevilla Este, promovido por la CEA y paralizado desde hace años, que piden reunirse con el alcalde y que Emvisesa rescinda el contrato con la promotora y acabe las obras.
El PSOE llevó una moción para pedir, por tercera vez, un censo de VPO de Emvisesa vacías, que las que no se vendan sean recalificadas para alquiler, abaratar éstos, facilitar temporalmente una VPO a familias desalojadas o paralizar los lanzamientos (el PP insiste en que los notifica pero no los ejecuta y contraatacó recordando los 47.000 desahucios ordenados por el portavoz socialista Juan Espadas como consejero de Vivienda y los que su sucesora actual, Elena Cortés, sigue notificando aunque no ejecuta).
Pero esta vez, la moción llega con un decreto en vigor aprobado por la Junta (para multar pisos vacíos de bancos e incluso expropiarlos si desalojan a familias en riesgo de exclusión) y tras un informe de la Defensora del Pueblo, la exalcaldesa Soledad Becerril, en el que pide a los ayuntamientos que adopten medidas similares a las propuestas por el PSOE. Precisamente, los datos que el Consistorio envió a la defensora en enero para este informe indicaban que Emvisesa gestiona 2.089 VPO en alquiler, que en los últimos años se han construido 1.957 VPO ya adjudicadas y que no tiene casas vacías porque todas están en proceso de comercialización. Sin embargo ayer el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, admitió que Emvisesa tiene actualmente menos de 200 viviendas vacías, aunque están en proceso de ofrecérselas por orden a los más de 16.000 demandantes del registro que cumplan los requisitos y si al aceptarlas luego tienen problemas para obtener el crédito o se echan atrás al siguiente de la lista. Vílchez acusó a Espadas de querer que nos saltemos la lista y demos preferencia al que da la patada en la puerta frente al que ha esperado pacientemente.
La moción socialista (que IU apoyó) comienza pidiendo el compromiso municipal de colaborar con la Junta para aplicar el decreto de vivienda y Espadas exigió insistentemente a Juan Ignacio Zoido que no habló en toda la sesión, lo que le valió el calificativo de la oposición de alcalde mudito que dijera si va a ayudar o será insumiso. El decreto requiere la colaboración de los municipios para identificar los pisos vacíos (con datos del padrón y el consumo de agua) y, en el caso de los dueños particulares, incentivar que los alquilen o penalizarles con un recargo en el IBI. Lo cierto es que el PP votó no, pese a que en el debate Vílchez dijo que a su gran duda, la colaboración, sí. No somos insumisos. Si el decreto cumple toda la legalidad en esto, como en todo, cumpliremos. Ante las críticas de PSOE e IU por la falta de políticas de vivienda, defendió que se ha rebajado del 20% al 5% la aportación inicial que debe hacer el adjudicatario antes de la entrega de la llave y ampliado de cuatro a diez años el plazo para el resto, además Emvisesa asume ahora los gastos de notaría e impone el mínimo interés aplicable, el 0,799%.
