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Más de mil dependientes ya valorados están en lista de espera para su ayuda

La Consejería de Bienestar Social admite el retraso en la tramitación de 1.061 sevillanos pero lo atribuye a que hubo que revisar los expedientes al cambiar el Gobierno los criterios de baremación.

el 04 sep 2014 / 13:54 h.

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DEPENDENCIA-2 Más de mil sevillanos están reconocidos como dependientes en distintos grados con derecho a una prestación en forma de servicio o ayuda económica que, sin embargo, no acaba de llegar. El alcalde, Juan Ignacio Zoido, y la delegada municipal de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco, denunciaron este jueves que la Junta lleva dos años sin dar de alta a ningún nuevo dependiente como beneficiario de estas ayudas aunque los informes previos de los servicios sociales municipales están al día en la elaboración del Plan de Atención Individual (PIA) de las personas valoradas donde se propone qué tipo de asistencia le conviene. La Consejería de Bienestar Social admitió el retraso pero lo atribuyó a que muchos informes han tenido que ser devueltos a los servicios municipales para rehacerlos en función de los nuevos criterios de baremación establecidos por el Gobierno central que, en el caso de los dependientes para los que se propone la ayuda a domicilio, cambiaron por un Decreto estatal de diciembre de 2013. De los 1.061 dependientes sevillanos en lista de espera, 580 corresponde a personas a las que se les concede la ayuda a domilio. La Junta reconoce que el Ayuntamiento ya les ha hecho llegar estos 580 informes revisados y asegura que «en las próximas semanas» irá dando de alta a estos nuevos beneficiarios para que comiencen a contar en su casa con la asistencia durante las horas correspondientes en función de su grado de dependencia para su higiene y aseo persona, labores domésticas y demás. El servicio de ayuda a domicilio es una de las prestaciones más comunes entre los dependientes. De hecho, copa el 58 por ciento de los expedientes valorados en Sevilla. Se trata de una prestación que, como el resto (residencias, centros de día y ayudas económicas por cuidados familiares o para servicios) cofinancian la Junta y el Estado pero, a diferencia de ellos, el servicio de ayuda a domicilio lo prestan y gestionan los ayuntamientos mediante empresas del sector adjudicatarias para ello, lo que ha generado no pocas disfunciones a cuenta unas veces de que la Junta pagaba a los ayuntamientos y éstos gastaban el dinero en otra cosa y, en los últimos tiempos, al revés, que los retrasos de la Junta –por ley debe adelantar el dinero cada dos meses– obligaba a los ayuntamientos a poner ellos el dinero mientras de sus arcas municipales hasta el punto de que algunos como el de Jaén se rebelaron y llegaron a renunciar a seguir haciéndolo, aunque los tribunales le obligaron a rectificar. El alcalde y la delegada de Asuntos Sociales presentaron ayer la convocatoria del servicio de ayuda a domicilio. / Pepo Herrera El alcalde y la delegada de Asuntos Sociales presentaron este jueves la convocatoria del servicio de ayuda a domicilio. / Pepo Herrera En Sevilla hay actualmente 2.275 dependientes recibiendo la ayuda a domicilio, un servicio con 1.275 trabajadores, en su mayoría mujeres de mediana edad y, según denunció Zoido, la Junta debe 12,3 millones de euros. «La Junta paga tarde y mal», criticó. La delegada de Asuntos Sociales aseguró que «va pagando con cuentagotas» y debe todo lo correspondiente a las mensualidades de 2014 «e incluso de antes». La Consejería de Bienestar Social también admitió no estar al día en esto pero rehusó cifrar el montante total de la deuda y aseguró que, en lo que va de año, ha abonado 4,7 millones al Gobierno municipal, 1,5 millones de ellos tan recientemente como el pasado martes. Según sus datos, se han abonado los plazos de enero y febrero y parte del correspondiente a marzo y abril. Pese a estos impagos, Zoido sacó este jueves pecho al anunciar la convocatoria del nuevo contrato de adjudicación para garantizar el servicio en 2015 prorrogable a 2016, toda vez que el actual convenio con la Junta y el contrato con la adjucataria, Clece, expira el 31 de diciembre y tanto la plantilla como los grupos de la oposición municipal mostraron antes de verano su preocupación por que la atención a los usuarios dependientes se interrumpiera. La ley de reforma local impide su prorrogación sin más y ni la Junta y ni el Ayuntamiento daban ningún paso al respecto. cuadroCon la puesta en marcha del concurso de adjudicación comienza un proceso que, según el alcalde, asegurará que el servicio esté adjudicado antes de acabar el año y pueda seguir prestándose el 1 de enero y la Junta aseguró que por su parte nunca ha habido ningún problema, dejando entrever que no era necesario su beneplácito para que el Ayuntamiento hiciera la convocatoria del contrato. El contrato por un año es por 32 millones de euros de los que 24,6 millones serán financiados por la Junta de Andalucía, algo más de un millón corresponde al Estado y el Ayuntamiento aportará 6,6 millones para complementar el precio público por hora de asistencia establecido por la Junta para toda Andalucía en 13 euros. Tanto Zoido como De Pablo-Blanco criticaron que la Junta tenga congelado este precio público y que sea homogéneo en toda la comunidad ya que a su juicio «no es lo mismo Sevilla capital que un pueblo pequeño». Así, el contrato de adjudicación estipula un precio de 15 euros la hora diurna de los días laborables, 18,75 euros la nocturna, 18,75 euros la hora diurna de los días festivos y 23,44 euros la nocturna de éstos. El convenio colectivo del sector marca que la empresa que resulte adjudicataria subrogue a las 1.275 trabajadoras si bien el parón en el número de altas tiene también una repercusión directa en el empleo y en la merma de jornada laboral en la plantilla. Se trata de usuarios en muchos casos mayores, sobre todo los grandes dependientes, con graves enfermedades que fallecen o al agravarse su estado se revisa su valoración y se cambia la prestación por una plaza residencial, con lo que se van perdiendo usuarios sin atender a otros nuevos. Según De Pablo-Blanco, en 2011 había más de 3.000 frente a los 2.275 actuales.

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