Desempleados entrando en una oficina del SAE en la capital hispalense.
El pasado lunes, el delegado de Empleo y Economía del Consistorio de Sevilla, Gregorio Serrano, admitía que durante el fin de semana se había trabajado a destajo para rubricar en plazo el millar largo de contratos acogidos al decreto autonómico de exclusión social plan de urgencia para desempleados con rentas muy bajas. El tiempo era ajustado, concluía ayer, pero se cumplió, según detalló el Ayuntamiento. Los primeros 178 empleados se incorporarán a sus puestos en la jornada del 4 de noviembre. Un respiro para las maltrechas economías familiares en una ciudad que a 30 de septiembre pasado sumaba 88.795 personas en el paro.
De la distribución que ayer facilitaron en Plaza Nueva se extrae que algo menos de la mitad de las contrataciones 458 sobre un total de 1.162 tendrán como objetivo la realización de labores en los colegios públicos, por ejemplo, actividades de mantenimiento. Mientras, 217 sevillanos quedarán empleados en tareas en los viales de los polígonos industriales el adecentamiento, entre ellas y otros tantos en actuaciones urbanísticas en calles, zonas terrizas y solares, 178 se asignarán a espacios y edificios municipales, 51 a los parques y jardines, 27 al cementerio y, por último, 14 quedarán asignados a los Reales Alcázares.
Por tanto, la plantilla de los servicios públicos quedará acrecentada de manera temporal, conforme a los criterios marcados por el decreto autonómico. En concreto, se prevén 3,29 millones de euros para que el Ayuntamiento de Sevilla promueva contrataciones eventuales entre personas desfavorecidas. Sólo aquellas personas que lleven más de un año en el paro, no superen 1,5 veces el Iprem este indicador para 2013 asciende a 532,51 euros al mes, de ahí que el corte se haya elevado a 798,7 euros o pertenezcan a familias sevillanas en situación de exclusión social o bajo riesgo han podido participar en esta convocatoria laboral.
Desde la Delegación de Serrano también especificaron que son 178 los empleados que conformarán la primera tanda de incorporaciones, con el día 4 de noviembre como la fecha prevista de hecho, así estaba contemplado en la citada legislación regional. De ellos, 52 irán al área de Participación Ciudadana, 31, al de Régimen Interior edificios municipales, cementerio, etcétera, 15, al de Seguridad, 11, al de Empleo y Economía, 7, a Familia y Salud, otras tantas a Zonas de Especial Actuación por ejemplo, El Vacie y el Polígono Sur, 6 a Cultura, 4 a Recursos Humanos, 3 a Administración Pública e Innovación, 2 a Medio Ambiente y Parques y Jardines y, por último, 1 a Hacienda. Y las siguientes tantas: 25 de noviembre (el grueso) y 30 de diciembre.
En apenas seis días se tuvieron que realizar 1.162 entrevistas, casi 194 por cada jornada con tres turnos para así cumplir con el límite temporal fijado por la Junta de Andalucía en su Decreto de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía, publicado en el BOJA a primeros de mayo pasado. El número supera a los contratos totales fijados, 1.098, de ahí que quede un amplio colchón para los imprevistos con los seleccionados.
Cuando se sacó la convocatoria se produjo una avalancha de solicitudes, con 10.895 aspirantes. En principio era un puesto por cada diez. Se reclamó por parte del Ayuntamiento una prórroga del plazo para realizar las contrataciones a la vista del gigantesco número, pero no fue aprobada por la Junta de Andalucía porque era un decreto de ámbito autonómico, de carácter urgente a desplegar en este 2013 y la legislación no podía ser alterada por una Consejería la de Salud y Bienestar Social.
Se priorizó que el solicitante formase parte de una familia donde todos los miembros activos (en edad de trabajar) llevaran inscritos oficialmente en el paro al menos los seis meses anteriores a la fecha de la solicitud; ser residente en zonas con necesidades de transformación social Polígono Norte, Polígono Sur, Tres Barrios-Amate, el Vacie y Torreblanca; ser familia numerosa; tener hijos menores de edad; contar con algún miembro con discapacidad o dependiente; ser familia monoparental con hijos; ser víctima de violencia de género; y tener al menos dos hijos a cargo.
