Ocupación de las viviendas VPO de Nuevo Amate. / Pepo Herrera
Las cinco familias que han ocupado pisos vacíos de Emvisesa en Nuevo Amate (antes Regiones Devastadas) esperan que el Ayuntamiento o, en su caso, la empresa municipal les ofrezca un techo, un piso con un alquiler acorde con sus ingresos, en Amate o en cualquier zona de la ciudad. Eso es lo que esperan, negociar una solución a su falta de vivienda. Sin embargo, el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), se limitó ayer a censurar la ocupación de estas VPO e instó a las familias a acudir a Emvisesa. Algo que ya han hecho. De hecho, algunas de ellas llevan años esperando un piso de protección oficial con una renta baja que puedan pagar o una vivienda social. Para el alcalde, no se debe permitir ni tolerar la ocupación violenta de pisos, sobre todo cuando se trata de viviendas de promoción pública, pues con comportamientos así familias que tienen el mismo o más derecho a una vivienda protegida son privadas de dicho derecho. No puedo defender ni recomendar la ocupación de viviendas. Más allá del ilícito penal que implica, no es la mejor forma de acceder a la vivienda, dijo ayer el alcalde señalando que cualquier familia que sufra necesidades en materia de vivienda debe acudir a Emvisesa.
Lo malo es que la gestión de la empresa municipal de la vivienda está en entredicho desde que el PP se hizo con la Alcaldía y la coordinación entre Asuntos Sociales, Urbanismo y Emvisesa es deficiente. Un ejemplo: el 15 de febrero de 2013 la Gerencia de Urbanismo aprobó traspasar a Emvisesa 156 pisos sociales que antes estaban gestionadas por Otainsa (oficina que dirigía IU en el anterior gobierno y que el PP cerró) y que supuestamente pasaban a depender de los criterios de servicios sociales y de la gestión de la empresa de vivienda. Sin embargo, dicha cesión no se ha realizado. Por eso, hay familias solicitantes de un piso social que han recibido cartas de Emvisesa contestándole que estos inmuebles no son de su competencia porque siguen en manos de Urbanismo y que, además, la unidad de gestión del parque público de vivienda que se aprobó el 30 de octubre de 2013 en el Pleno municipal sigue sin constituirse. Así reza en una de las cartas enviadas por Emvisesa con fecha 19 de diciembre de 2013 a la que ha tenido acceso este periódico.
Mientras tanto, el alcalde eludió hablar de los pisos sociales (26 de ellos vacíos) y explicó ayer que hoy por hoy, no hay demanda de adquisición de viviendas protegidas, por lo que Emvisesa acomete la sustitución de la calificación de sus viviendas protegidas para que pasen del régimen de venta al de alquiler, todo ellos a precios prudentes y en atención a las circunstancias de los inquilinos.
Sin embargo, muchas de las familias que ayer se concentraban a las puertas de los bloques del Nuevo Amate, así como las cinco que han ocupado los pisos (entraron ocho, pero tres salieron y la Policía no les dejó volver), llevan años demandando una VPO y algunas meses pidiéndole a Emvisesa un piso social. La mayoría tiene todos sus miembros en paro e ingresos tan bajos que no les llega para pagar una hipoteca o un alquiler. Cumplen los requisitos de la llamada exclusión social, alguna ha sufrido ya un desahucio o desalojo, son familias desestructuradas, con niños pequeños e incluso con alguna víctima de violencia de género.
Por ahora, la Policía Local y, en menor medida la Nacional, sigue vigilando los bloques del Nuevo Amate para impedir que haya más ocupaciones ilegales, al tiempo que controlan la comida y bebida que reciben los ocupas. Esta mañana no permitían que les llegase ni móviles, ni cargadores, ni baterías ni enseres que no fueran comida o bebida, pese a que dentro de los pisos ocupados hay diez niños, el más pequeño de solo 18 meses de edad.
Desde el Ayuntamiento se informó de que Emvisesa denunció la ocupación ilegal ante los tribunales y que esperaban la orden del juez para el desalojo. Mientras, los vecinos protestaban por el trato recibido y por la falta de diálogo del Gobierno municipal, al tiempo que recibían el apoyo de los vecinos de la zona.
