El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, deja de amagar y, tras años de denuncias a través de las comparecencias públicas, ha decidido llevar ante el juez lo que considera como "graves irregularidades" en la gestión de la fundación DeSevilla entre 2007 y 2011. El Gobierno local dio el paso el lunes pasado, acudiendo al Juzgado de Instrucción número 10 de la capital, y con todas las consecuencias, ya que en su denuncia señala como responsables a la plana del anterior equipo de gobierno, citando en la denuncia al exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, que era el presidente del patronato, y el primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos.
El PP contaba desde octubre de 2011 con un estudio jurídico, que encargó a Garrigues, que tildaba de "calamitosas" las cuentas de la fundación, además de detectar indicios de presuntos delitos societarios, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones o delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Con ese diagnóstico, el patronato de DeSevilla, en proceso de liquidación, acordó iniciar acciones legales contra los anteriores gestores que se ha formalizó un año y un mes después.
La denuncia del PP señala veladamente a Monteseirín y Torrijos y extiende la lista a todos los que ocuparon un cargo como patronos de la fundación o de la Comisión Ejecutiva entre 2007 y 2011. Un extremo que confirmó poco después el portavoz del Grupo Popular y presidente del partido en Sevilla, Juan Bueno, al afirmar que "lo que ha ocurrido no puede salir gratis a sus responsables", en alusión directa a los patronos. Es más, en el documento entregado ante el juzgado, incorpora la lista de todos ellos, en el que entra un nutrido número de dirigentes del gobierno anterior. Así, cita por parte socialista a los exconcejales Juan Antonio Martínez Troncoso, Emilio Carrillo y Alfonso Mir; el por aquel entonces gerente de Urbanismo, Manuel Marchena; los exgerentes de Tussam Guillermo Gutiérrez y Juan Ramón Troncoso; o el histórico dirigente socialista Manuel Copete. También figuran dirigentes de IU, como los exediles Carlos Vázquez y Jon Ander Sánchez o el exgerente de DeSevilla Miguel López Adán, además de dirigentes sindicales como Juan Antonio Gilabert y José Figueroa, de UGT, o Rafael Fernández Serra, de CCOO. No obstante, los informes no dirimen responsabilidades individuales y, por tanto, será el juez el que determine tal extremo y, en cada caso, su grado. Un ejemplo está en el propio Monteseirín, que pese a ser presidente del patronato no acudió a ninguna reunión y siempre delegó tales funciones.
El actual patronato, que acude como acusación particular, esgrime las razones en 53 folios, en los que culpa de hasta siete posibles delitos al anterior gobierno. "Estamos ante una gestión administrativa, contable y financiera posiblemente fraudulenta, sin control ni supervisión, si no es con la connivencia de patronos y gerentes anteriores, así como los administradores de hecho, con incumplimientos susceptibles de tipificación penal, con la agravación del quebranto patrimonial de la entidad", describen.
La documentación entregada analiza la trayectoria de la fundación desde que pasó a manos de IU, en mayo de 2007, y aunque no consta ninguna nueva denuncia de las aportadas por el PP desde 2009, sí que tiene como novedad que han sido puestas en conocimiento de la Justicia. Así, la denuncia recuerda la concesión de subvenciones por valor de un millón de euros en las que constaba, según el patronato, "un fraudulento envío de fondos para suministro del régimen castrista y a plataformas comunistas de Nicaragua y Colombia, y no para las ayudas a cooperación ni humanitarias", como la rehabilitación de una casa en La Habana que no se llegó a acometer, la compra de mil contenedores para calles cubanas o la concesión de ayudas a una ONG de Colombia cuyo responsable "vivía en el mismo domicilio" del gerente de DeSevilla y que, según denuncian, tenía un supuesto vínculo con las Farc.
Se trata del primer argumento esgrimido por el Gobierno municipal, que aporta una enumeración de supuestas infracciones, entre las que figuran el "crecimiento desmesurado" de las contrataciones en favor "de dirigentes de PCA"; la escasez de "un control financiero y procesos de contratación públicos", la existencia de "pagos duplicados y posibles fraudes a la Agencia Tributaria", el presunto "borrado de datos informáticos" en julio de 2011; o la "velocidad" con la que el ERE fue validado por las autoridades laborales sin cuestionar la causa.
