El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha rehusado este jueves realizar valoraciones en torno a la imputación por un presunto delito de cohecho de agentes de la Policía Local de la capital hispalense por su presunta participación en una trama dedicada al supuesto cobro ilegal de tasas municipales , dejando claro que es un tema que tendrá que resolver la autoridad judicial y mostrando su "respeto" hacia las decisiones que se tomen.
Tras presidir la reunión de seguridad con motivo de la final de la Copa Davis, Zoido ha subrayado su "respeto" hacia la división de poderes y ha apostado por la "independencia" del juez, dejando claro que la autoridad judicial es la responsable de resolver el caso.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha imputado por un presunto delito de cohecho a once agentes de la Policía Local de la capital hispalense por su presunta participación en una trama dedicada al supuesto cobro ilegal de tasas municipales, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes también han precisado que la juez instructora ha imputado al responsable de una empresa presuntamente implicada en el fraude.
No obstante, otras fuentes del caso consultadas por Europa Press han indicado que los agentes imputados serían diez, todos ellos de la Unidad de Motoristas, a los que habría que sumar a dos personas ajenas al cuerpo policial, todos los cuales han sido citados a declarar como imputados a comienzos del próximo mes de febrero de 2012, aunque las fuentes no han podido precisar el día.
En este sentido, las mismas fuentes han explicado que los policías locales imputados, fuera de su horario de trabajo y ataviados con el uniforme policial, habrían realizado trabajos de escolta de traslado de mercancías o servicios relacionados con la grúa, unos trabajos por los que el Ayuntamiento cobra determinadas tasas pero que ellos supuestamente se apropiaron, sin dar cuenta así al Consistorio municipal.
Por este servicio de escolta, los agentes de la Policía Local imputados percibían unas cantidades que oscilaban entre los 20 y los 80 euros, según el servicio que se realizaba, los vehículos y los agentes que participaban, han apuntado las fuentes consultadas, que han precisado que la investigación en torno a este asunto comenzó hace ya dos años, en torno al mes de septiembre de 2009, e incluso se creó una unidad específica dentro del Cuerpo para investigar el caso.
