Un familiar de un cargo público contratado por una empresa que a su vez trabaja para esa institución. En este caso el hijo del alcalde, Juan Ignacio Zoido Alcázar, que hace tres semanas entró en la nómina del despacho de abogados Garrigues, que tiene entre otros muchos clientes al ayuntamiento que gobierna su padre, el popular Juan Ignacio Zoido Álvarez. Hasta ahí, todo correcto. Pero la situación, que no es ilegal ni contraviene ninguna norma, obligó ayer al alcalde, que había arremetido contra los contratos de familiares cuando estaba en la oposición, a aclararlo públicamente. Para ello, el regidor compareció sin que nadie se lo pidiera, el mismo día que se conocía la información, parapetado tras documentos y mostrándose "orgulloso" de la trayectoria que le ha valido a su hijo mayor el fichaje por parte de uno de los principales despachos de abogados del país. "Prometí transparencia absoluta y aquí estoy con transparencia absoluta, con luz y taquígrafos", repitió hasta la saciedad.
Y entrando sin haber convocado el acto en la sala de prensa del ayuntamiento, junto al portavoz municipal y en el "doble papel de padre y alcalde", aclaró que su hijo terminó Bachillerato con matrícula de honor, cursó becas Erasmus y Leonardo, tiene dos carreras y dos idiomas y ha sido contratado en prácticas, con un sueldo de 28.000 euros, por un prestigioso bufete de abogados que trabaja para el consistorio "y también para la Junta".
Garrigues ha recibido del gobierno del PP varios encargos, entre ellos los servicios jurídicos de Mercasevilla y la auditoría a la Fundación De Sevilla.Nada ilegal. Pero tras sus insistentes denuncias cuando no gobernaba, Zoido vio ayer cómo su árbol genealógico se enredaba en su discurso político, donde su hijo ya había figurado: Zoido insistió en su campaña en que pese a su preparación su hijo estaba en paro, aunque ayer precisó que había dejado su trabajo para opositar a inspector de Hacienda.
El grupo socialista no tardó en pedir explicaciones sobre unas "casualidades", que en su opinión levantan "al menos un mínimo de sospecha". Su portavoz adjunto, Antonio Muñoz, admitió que podría ser "anecdótico" que el hijo de Zoido fuera contratado por un bufete de abogados, como empresa privada, ya que "todo el mundo tiene derecho a trabajar", pero recordó que "por hechos parecidos y no con tanto grado de familiaridad, Zoido ponía el grito en el cielo y lo tildaba de enchufismo y contratación a dedo".
El PP habló de enchufismo y nepotismo en 2008 cuando la madre del entonces concejal de Deportes de IU Francisco Manuel Silva fue contratada por una empresa encargada de las piscinas municipales. Carmen Ardanuy trabajó un año de recepcionista en la piscina de San Pablo y el PP denunció el caso públicamente, pero no en los tribunales. Silva acabó por dimitir, tocado porque el PP llevaba meses acusándolo de adjudicar a dedo contratos a un primo suyo y lo llevó ante el juez por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y usurpación de funciones. La querella fue archivada: un juzgado determinó que los contratos fueron legales dos años y tres meses después de su dimisión.
Fue el caso de mayores consecuencias políticas, pero el PP ya había denunciado contratos municipales con empresas de familiares del exalcalde Monteseirín. Zoido lo acusó de convertir el consistorio "en una agencia de colocación para su familia" e insistió en que cuando gobernara su labor sería "ejemplarizante". Por eso ayer una situación absolutamente legal se hizo noticia. Y Zoido fue el primero en reaccionar.
