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Zoido propone varias ubicaciones para la biblioteca

Afirma que hace tiempo ofreció varios espacios, entre los que estaba el terreno de Los Gordales.

el 22 jun 2011 / 13:05 h.

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Las obras de la biblioteca están paradas desde hace dos años.

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha vuelto sobre la polémica en la ubicación de la Biblioteca del Prado tras el fallo del Tribunal Supremo de derribar los cimientos en este parque. A este respecto, ha afirmado que "respeta la decisión del TS" y que "intentará recurrir al diálogo para llegar a un acuerdo con el rector de la Universidad de Sevilla".

Sin embargo, aunque el regidor ha reconocido que este tema lleva mucho tiempo enquistado , ha reconocido, en rueda de prensa, que hay que darle una salida. En este sentido, recordó que hace ya unos años, cuando todavía era candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, propuso varias ubicaciones, en terrenos del Ayuntamiento como Los Gordales, para proceder a la construcción del proyecto Zaha Hadid . Además, concluyó diciendo que "la sentencia del Supremo desestima los recursos de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla, y se carga el PGOU de la ciudad".

Para finalizar, el actual alcalde reconoció que él "no es culpable de todo el dinero utilizado hasta la fecha en el proyecto actual, que se ubica en el Prado de San Sebastián".

 

Una obra que no podrá concluirse. La obra de la biblioteca central de la Universidad no podrá terminarse en los jardines del Prado. El Tribunal Supremo (TS) ha decidido, en una sentencia que es firme, que el proyecto de la arquitecta iraquí Zaha Hadid, paralizado desde hace casi dos años por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) , no puede ubicarse en esta zona, ya que el cambio de uso del suelo, de espacio verde a educativo, "no ha sido una decisión debidamente justificada". La sentencia, en cambio, no ordena la demolición de la obra.

El Alto Tribunal confirma así la sentencia del TSJA que tumbó la obra del edificio, en el que la Universidad ha invertido ya cuatro millones de euros en la obra más otros 4,8 millones de pérdida estimada por la paralización , al descartar todos los recursos presentados por la Hispalense, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento contra esta decisión judicial. Además, condena a estas tres partes a abonar el pago de los honorarios del letrado de los denunciantes, que "no podrá pasar de la cantidad de 4.000 euros".

La decisión de los magistrados se basa prácticamente en tres puntos: la protección del espacio verde, el interés general y el modelo de ciudad sostenible. Así, el Supremo lo primero que aclara es que el objeto del asunto es "el cambio de calificación del suelo a uso dotacional educativo", lo que permitió que sobre parte de los jardines se comenzara el edificio. Un cambio que ejecutó el Ayuntamiento con el visto bueno de la Junta, ahora recurrentes, y que según el Supremo es legítimo como ejercicio "de la amplia libertad de elección del planificador urbanístico".

Sin embargo, la sentencia recuerda que "esta amplia discrecionalidad se torna más estrecha cuando se trata de actuar en zonas verdes, como es el caso". En este sentido, aclara: "Las zonas verdes siempre han tenido un régimen jurídico propio y peculiar, que introducía una serie de garantías tendentes al mantenimiento e intangibilidad de estas zonas, e impidiendo que fueran borradas del dibujo urbanístico de la ciudad sin la concurrencia de poderosas razones de interés general". Zonas verdes e interés general. Con estas dos premisas, el Supremo insiste en que, cuando en el ordenamiento urbanístico se modifica, es necesario una serie de "garantías" ante "su importancia para la vida de la ciudad y el bienestar de sus vecinos" y que es competencia del Ayuntamiento "encontrar el lugar idóneo para el emplazamiento atendida la naturaleza y originalidad del singular edificio proyectado, y los intereses generales de los vecinos de la ciudad ".

Es ahí donde los magistrados detectan el problema, ya que consideran que el cambio de calificación de los suelos "no se ajusta a los contornos propios en los que ha de moverse una decisión discrecional, ni dicha decisión ha sido debidamente justificada". Por eso, hacen hincapié en que el régimen jurídico de la zona verde "sitúa el umbral de motivación en un nivel superior al exigible ordinariamente". "No debemos olvidar que estamos ante zonas especialmente sensibles dentro de la ciudad, que nacen con una clara vocación de permanencia, que han de ser respetadas en alteraciones del planteamiento posteriores, salvo que concurran razones de interés general que determinen su transformación", vuelve a incidir. "La elección del emplazamiento de un atractivo edificio en el centro de la ciudad de Sevilla (...) no puede sobrepasar los contornos que antes perfilamos", recuerda.

De esta forma, para el Supremo no es suficiente con "explicar por qué se ubicará la edificación en los jardines del Prado", como era la de extender el campus universitario que recogía la memoria en la que la Universidad solicitó el cambio de calificación del suelo, "sino que han de expresarse las razones por las que no puede ser construida en otros terrenos". "Debió explicarse por qué dicha finalidad no podía ser razonablemente alcanzada mediante la elección de otro emplazamiento que no recortara una zona verde", añade. Es más, los magistrados inciden en que "la administración reconoce que había otras ubicaciones adecuadas" y en que los intereses universitarios "no resultan incompatibles, ni se ven perjudicados, con el mantenimiento de la zona verde y el emplazamiento de la biblioteca en otro lugar". Así, defiende que el interés público de estas zonas verdes "resulta no imposible, pero sí difícil de abatir".

En definitiva, para el Alto Tribunal un espacio verde "constituye un mínimo sin retorno", salvo que exista ese "interés público prevalente". Más aún cuando dicha zona se encuentra en el centro de la ciudad, pues "nace de la función que cumplen para hacer habitable y respirable la calle, para incrementar las posibilidades del entorno y para aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos". Eso sí, aclara que ambos intereses, el universitario y el general, son "igualmente públicos y legítimos" sin tener "por qué ser contrapuesto". Si bien, apunta que "no puede concluirse que la única forma de realizar la integración de los jardines en el citado ámbito universitario sea mediante la construcción de un edificio de biblioteca".

Por último, destaca que la tendencia "natural en la evolución de las ciudades (...) ha de ser no disminuir la extensión de las zonas verdes", por lo que afirma que "no está exento de cierta contradicción apostar por la sostenibilidad (...) y luego suprimir parte de una zona verde".


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