El Gobierno local rectifica de nuevo -tras retirar la subida de las tasas urbanísticas- y ahora quiere retomar el proyecto de Decathlon . Hace siete meses la Gerencia de Urbanismo aseguró que su proyecto junto al Estadio Olímpico no era "urbanísticamente realizable" , pero ahora sí lo es. Hace unas semanas la Junta impedía que la multinacional francesa levantase una nueva tienda con pistas deportivas, según la versión del Ayuntamiento, pero ahora el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), admite que es su equipo el que tiene la potestad de iniciar el cambio de la normativa para evitar que este proyecto, con una inversión de cerca de 20 millones de euros y 160 puestos de trabajo directos, se vaya de la ciudad.
Y lo cierto es que ya se fue. El pasado 14 de junio la multinacional francesa envió un burofax a la Sociedad Estadio Olímpico comunicándole -como informó este periódico- que daba por terminada la negociación y por resuelto el contrato de arrendamiento de los terrenos para la construcción de su complejo deportivo (suscrito el 21 de enero de 2010). La razón: "La no obtención de la licencia de obras", pese a sus intentos y las alternativas urbanísticas planteadas. Doce días después, el pasado 26 de junio, el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, envió una carta al Ayuntamiento solicitándole que "reconduzca" la situación del proyecto, "a falta únicamente del trámite de obtención de la pertinente licencia de obras".
Alonso le recordó al alcalde en esa misiva que Decathlon y el Estadio Olímpico llevaban cuatro años trabajando y que ya contaban con la licencia comercial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
"Fracasos empresariales de este calibre" no sólo suponen "pérdida de tiempo, sino que además dejan en mal lugar a la ciudad ante empresas de reconocido prestigio, capacidad y generación de empleo". "Lamentablemente estos efectos positivos para Sevilla no se podrán apreciar al dejar pasar una oportunidad tan interesante", indicó el consejero Alonso en el escrito.
Sin embargo, el alcalde no conocía esta carta, la tiró a la papelera sin leerla o ayer faltó a la verdad. "Habiendo hecho público la Junta que por su parte no hay ningún problema hoy se acaba de iniciar la modificación del PGOU para la implantación de grandes superficies minoristas en el entorno del estadio del tipo de Decathlon". "Hoy", apuntó hasta en tres ocasiones tras publicar este periódico que el frustrado proyecto dependía de un trámite urbanístico del Consistorio.
Además, Zoido dijo que el proyecto fue "desechado por el anterior gobierno" local, cuando Decathlon solicitó hasta en dos ocasiones a la actual Gerencia (en diciembre de 2011 y febrero de 2011) que desatascase el proyecto con un cambio en el PGOU e incluso con otras alternativas. Todas fueron rechazadas. Precisamente cuanto el gobierno local barajaba estos suelos para la construcción de un pabellón multiusos para el Mundobasket 2014, proyecto que tampoco cuajó.
El secretario general para el Deporte de la Junta, Ignacio Rodríguez, también presidente de la Sociedad del Estadio Olímpico, lamentó ayer la tardanza en la intención de modificar el PGOU, que provocó "la marcha de Decathlon que ahora Zoido pretende paliar con prisas, mal y tarde". A su juicio, "no sólo ha sepultado una inversión inicial de 20 millones euros y 180 puestos de trabajo sino que también imposibilita una renta de 320.000 euros anuales para la Sociedad del Estadio Olímpico, 17 millones de euros en los próximos 40 años".
"El Ayuntamiento tiene representantes en la Sociedad del Estadio Olímpico", por lo que, a su juicio, Zoido debía saber que Decathlon desistió en junio y que desde el 21 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2011 la empresa pagaba como señal de reserva la cantidad de 200 euros al día a la Sociedad del Estadio, "ocasionando un grave perjuicio a la empresa que aprovisionó 170.000 euros durante ese periodo".
El edil socialista Antonio Muñoz lamentó el "desgobierno y la falta de rigor" del equipo de Zoido, con un "urbanismo de ida y vuelta que resta credibilidad a Sevilla ante posibles nuevas inversiones". Aseguró que el alcalde "mintió" al culpar al gobierno anterior y al decir que desconocía los informes no contrarios de la Junta y aludió a los "intereses cruzados" de Urbanismo.
El portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, criticó la "evidente y profunda inseguridad jurídica" que está generando la gestión urbanística del PP. "Se está dando un tratamiento al PGOU que consiste en, ante casos similares, ofrecer tratamientos distintos", lamentó Rodrigo Torrijos, para quien el equipo de Juan Ignacio Zoido ha vuelto a demostrar su "incapacidad de gestión". "No tienen un criterio fijo ni propio en materia urbanística y eso está alejando a los inversores", advirtió.
