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Zoido reivindica los parking rotatorios en el Centro como medida «temporal»

Las nuevas plazas construidas pasarán a ser para residentes conforme se vayan poniendo en marcha los planes de transporte público recogidos en el PGOU.

el 16 abr 2014 / 22:07 h.

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La Alameda de Hércules, uno de los lugares donde el alcalde proyecta un aparcamiento rotatorio. / José Manuel Cabello La Alameda de Hércules, uno de los lugares donde el alcalde proyecta un aparcamiento rotatorio. / José Manuel Cabello Un levantamiento del veto de aparcamientos rotatorios intramuros de la ciudad, recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con el compromiso municipal de que esas nuevas plazas se reconvertirán en parking para residentes en cuanto se consolide un plan de movilidad realmente efectivo para el Casco Histórico. El Ayuntamiento reorienta su estrategia y se escuda en la falta de medidas acometidas para promover el acceso a través del transporte público alCentro para insistir en ese viejo anhelo de construir parking rotatorios de manera «temporal y reversible» –entre los enclaves, siempre se encuentra el de la Alameda–, fórmula que esboza sobre el papel como «paso intermedio» de cara al «escenario deseable previsto» que recoge el PGOU. El consejo de la Gerencia de Urbanismo aprobó ayer, con la oposición de PSOE e IU –que también votaron en contra al cambio de uso de la Gavidia–, esta propuesta, que surge como respuesta a la Junta, que le requirió el pasado 18 de febrero más documentación para la modificación puntual del Plan General. Así, le achacaba la ausencia de un resumen ejecutivo –un formalidad a la que obliga la ley– y, lo más importante, un análisis de cómo incidirá en la movilidad del PGOU. La justificación del Ayuntamiento parte de la base de que, al no contar con los suficiente medios para el acceso al Centro a través del transporte público, hacen falta «medidas intermedias paliativas» que pasan por la construcción de parking. No en vano, expone un listado de medidas no ejecutadas, por el momento, para propiciar la «deseada» movilidad. El informe elaborado por el Consistorio enumera todas las acciones que aún no se han emprendido en el fomento del transporte público. Cita, de primeras, el Metro, del que «solo se ha ejecutado una de las cuatro líneas previstas» que, además, toca «exclusivamente el borde sur del Centro». Pero también se escuda en que no se ha completado la red del Metrocentro –habla de un grado de ejecución del 40%, rescatando la conexión frustrada a Santa Justa y el proyecto de otra línea hasta Plaza de Armas– o que no se han puesto en marcha seis líneas de microbuses que enlazarían con enclaves céntricos como Puerta de Jerez, Alameda y La Campana. Por la falta de esas iniciativas, sostiene el escrito, tampoco se ha procedido a «una reorganización significativa» de la estructura de Tussam. En ese listado de impedimentos incluso tiran de iniciativas que, según denuncia el PSOE, no vienen recogidas en el Plan, como la colocación de cintas transportadoras en la avenida de la Constitución, entre Puerta de Jerez y la Plaza Nueva. Tras esa enumeración de pegas, el Consistorio reivindica la aplicación de «medidas intermedias» de «carácter temporal y reversible» sin que ello suponga contravenir el Plan General, que mantiene como el escenario «deseable» –un postura más crítica implicaría la necesidad de solicitar una revisión y no una modificación puntual y, por tanto, una tramitación más compleja–. El Gobierno local justifica el cambio de estrategia incluso en «los elevados costes económicos de las operaciones de transporte público» frente a «la urgencia de garantizar la conectividad suficiente con elCentro». Y ahí entra la petición de que «se vuelva a permitir este tipo de aparcamientos en el recinto intramuros», que pasarían a residentes «de manera paulatina» y conforme se ejecuten «los sistemas de transporte colectivo recogidos en el Plan». El planteamiento fue cuestionado por el PSOE. El portavoz socialista, Juan Espadas, reprochó el hecho de que se justifique la construcción de aparcamientos alegando que es una medida provisional y reclama una revisión «legal y consensuada» del PGOU.

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