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Zoido tarda ahora más en pagar a los proveedores que antes del ajuste

El periodo medio en 2011 era de 57 días y en 2012 subió a 83. Y el tiempo comprometido para el año pasado, 36.

el 24 feb 2013 / 21:19 h.

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Pese al plan de ajuste y los compromisos de pago que llevaba aparejado el crédito pedido y recibido del Estado, el Ayuntamiento de Sevilla ha más que duplicado el plazo previsto para el abono de las facturas a sus proveedores, según ha comunicado el propio Consistorio al Ministerio de Hacienda y sobre el que, además, ha advertido ya el interventor municipal, quien lo atribuye a que tampoco se cumplen las estimaciones de cobro de las deudas contraídas con Plaza Nueva.

Así, el periodo medio con el que las arcas municipales han de liberar el dinero de sus compras de bienes y servicios se debería situar en 36 días, conforme se había comprometido el Ayuntamiento en su plan de ajuste -que era condición sine qua non para percibir los 60 millones de euros solicitados al Instituto de Crédito Oficial para abonar la deuda con los proveedores-. Sin embargo, al cierre de 2012 se había elevado a 83 días, siendo la desviación del 130,55% (esto es, más del doble) respecto a la estimación inicial.

Pero es que tal demora, reconocida en el último informe trimestral remitido al departamento de Cristóbal Montoro y analizado por el interventor municipal, José Miguel Braojos, es superior incluso a la que saldó el ejercicio 2011, antes del ajuste, y que ascendía a casi 57 días de media -en concreto, 56,91 días-. En las previsiones realizadas desde la Delegación de Hacienda, dirigida por Asunción Fley, se hablaba de 36 días para 2012, y de 27 en los diez años posteriores, esto es, hasta 2022, cuando el Ayuntamiento sevillano terminará de abonar el auxilio del ICO.

Para que nos entendamos: si el préstamo sirvió para liquidar deudas no financieras -es decir, compras de bienes y servicios, no créditos contraídos con la banca- del pasado, para las nuevas no sólo no se acorta el plazo de pago, sino que se amplía.

No en vano, esta circunstancia es una de las dos advertencias que realiza el interventor municipal en su informe sobre el cumplimiento del plan de ajuste en el cuarto trimestre de 2012, informe que sí resalta y alaba la contención de gastos y la obtención de ahorros en el equipo de gobierno que lidera Juan Ignacio Zoido. La otra de sus alertas atañe al incumplimiento de las previsiones de ingresos de los deudores. En otras palabras, que quienes deben a las arcas municipales, por ejemplo en multas, también se retrasan, o simplemente ni pagan ni lo harán. Y esta dilación temporal está inequívocamente unida a la del propio Consistorio a la hora de satisfacer los compromisos con sus proveedores.

"Los cobros no se producen en igual ritmo que los gastos durante el ejercicio, lo que sin duda provoca dilataciones en los periodos de pago. [....] Podría establecerse a la vista de estos datos que en parte se traslada a los acreedores por deudas comerciales el retraso producido en los cobros de los recursos que obtiene la administración", indica el interventor. En suma, concluye Braojos, "esta falta de acompasamiento entre los cobros y el ritmo de realización de gastos puede estar afectando al periodo medio de pago [...] de la legislación por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales". Y, habla, por tanto, de la "falta de liquidez" que genera la entrada de dinero en las arcas municipales por tal demora al cobrar.

Cabe recordar, en este sentido, que la normativa comunitaria fija que, desde el 1 de enero de 2013, el periodo máximo de abono a los proveedores (son empresas y autónomos) es de 30 días, plazo de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas. Si no es así, el acreedor puede reclamar indemnización, que en ningún caso podrá superar el 15% del volumen de deuda, a excepción de aquellas facturas que no superen los 30.000 euros, siendo el límite para ellas el propio importe del endeudamiento contraído.

El interventor, pues, aconseja a Asunción Fley adoptar medidas para ajustar cobros y pagos.

"Más tardanza pero con 20 millones a plazo fijo", lamenta el PSOE

Pese a las dos recomendaciones que realiza el interventor municipal en su última evaluación trimestral del plan de ajuste -una, acompasar el ritmo de obtención de cobros a los gastos que se producen, y dos, medidas capaces de generar financiación adicional para dar cobertura a los gastos que surjan-, concluye que la situación total del endeudamiento del Consistorio cumple con las previsiones "en términos globales". 10,6 millones son los que se dejaron de ingresar, pero también se obtuvieron 16 millones en ahorro gracias, sobre todo, a la supresión de la paga extra de Navidad para los funcionarios.

Pero el portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, hace hincapié especialmente en la tardanza adicional al pagar a los proveedores. A su juicio, los casi 60 millones del crédito ICO eran una "mordaza, una soga al cuello", puesto que, además de implicar el abono final de 22 millones en intereses, el plan de ajuste que llevaba aparejado ha acarreado un deterioro de los servicios públicos prestados por el Consistorio. Es decir, agrega, además de una operación cara en términos financieros -"y que se arrastrará durante dos mandatos más, hasta 2022"-, también lo ha sido en términos sociales: servicios públicos dañados y vacantes que no se cubren. "Vamos, lo que se dice un duro ajuste".

El socialista, asimismo, analiza la advertencia del interventor municipal sobre la "falta de liquidez" y se pregunta cómo es posible si el Ayuntamiento de Sevilla destinó 20 millones de euros de sobrante de tesorería a cuentas a plazo fijo. "Es una política incoherente, porque con ese dinero se podría estar abonando las facturas con una mayor prontitud. "El objetivo del crédito del ICO era pagar rápido y bien, y no se está consiguiendo, como revelan los datos y el interventor", añade.

Y, además, Antonio Muñoz critica que el 51% del préstamo se concentrara en pagos a once grandes empresas, reduciendo el margen de maniobra para las facturas de las pymes y de los autónomos.

 

 

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