La nada deseada imagen de Sevilla tomada por montañas de basura va cobrando forma a medida que pasan las horas. La última huelga de Lipasam tuvo lugar en el año 2000, duró cuatro días y en ellos se acumularon 1.500 toneladas de basura , una cantidad que, ayer, ya había sido sobrepasada. Y, pese a ello, las partes implicadas en el conflicto parecen estar lejos de entenderse. “No negociaremos mientras continúe el vandalismo, los sabotajes, el chantaje y las coacciones”, dijo ayer de manera tajante el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Maximiliano Vílchez.
El edil tampoco suavizó las razones del conflicto:“Los ciudadanos deben saber que esta huelga sucede porque los trabajadores de Lipasam no quieren que se les aplique lo que a los demás trabajadores del consistorio se les ha aplicado en función de la ley, una bajada del cinco por ciento del sueldo y el cumplimiento de una jornada de 37 horas y media. En Lipasam entienden que ellos quieren quedar al margen, pero nosotros nunca vamos a propiciar agravios comparativos con otros profesionales”, aseguró.
Molesto especialmente por el grupo de trabajadores de la empresa de limpieza que el martes se dedicó a “esparcir basura” por las calles del Centro, el concejal pidió ayer a la plantilla que “recapacitara”, porque si se ve “un compromiso de cese de estas actuaciones, nos sentaremos a hablar inmediatamente”, dijo al respecto de una serie de “sabotajes y actos vandálicos” que, según estimó, ya suman alrededor de 7.000 euros en desperfectos.
Pero además, el conflicto está empezando a reabrir la herida entre el consistorio y la Junta, toda vez que ayer, Vílchez, anunció que se iba a elevar un escrito al Tribunal Supremo de Andalucía para reclamarle que ordene, de manera cautelar, “una ampliación de los servicios mínimos” sobre el que la Junta, a su entender, ha hecho caso omiso: “Defendemos que los dos mecánicos asociados a cada jornada de trabajo, uno por cada turno, suponen sólo un tres por ciento del conjunto de mecánicos de Lipasam, lo que dista mucho del verdadero 30% comprometido por la Junta”. “Son –prosiguió– dos mecánicos para 470 vehículos, el mismo número que en la huelga de Granada, pero en Granada la flota es de 190 coches”.
El “agravio comparativo” expuesto por Vílchez fue rápidamente contestado por el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, Antonio Ávila , quien aseguró estar dando a la huelga “el tratamiento normal de cualquier otro conflicto laboral”. ”Flexibilizar los servicios mínimos en el área de talleres como parece proponer el Consistorio no es algo que esté sujeto a decisiones políticas, sino que tiene sus cauces normales, dentro de la fijación de los servicios”, si bien reconoció que el asunto “se puede plantear y se analizaría” aunque la decisión final correspondería a la Delegación Provincial.
Los servicios mínimos decretados para esta huelga por la delegación provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo contemplan para la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) un 30% de los efectivos durante las dos primeras semanas y un 40% a partir de la tercera, mientras para la limpieza viaria queda estipulado un 30 por ciento del personal durante las dos primeras semanas y un 35 por ciento a partir de la tercera.
Servicios estos que el edil de Urbanismo consideró ayer, pese a que no los cuestionó en principio, “insuficientes” para paliar los efectos de una huelga en la que atisba matices “políticos”. Por eso, insistió una y otra vez, la posición del Gobierno municipal es que la institución no debe ceder ante “chantajes” como esta convocatoria, “menos aún sin persisten los sabotajes a camiones y la quema de contenedores”, acciones que es responsabilidad del comité de empresa de Lipasam el “frenarlas”. 18 contenedores han sido incinerados, 42 fueron localizados volcados o desplazados y han tenido lugar 19 avisos por basura esparcida en vías, según datos facilitados ayer por la delegación.
Por su parte, el portavoz de los trabajadores, Antonio Bazo, insistió en que ellos sólo se hacen cargo de “las concentraciones y el velar porque se cumplan los servicios mínimos”: “No pueden echarnos la culpa de lo que hagan unos locos porque mientras que siga haciendo eso el Consistorio el conflicto se va a ir dilatando en el tiempo haciéndose indefinido”. En su opinión Vílchez “echó más gasolina al fuego” con sus declaraciones y con los hechos que acaecieron en la tarde de ayer, cuando “unos conductores contratados externamente acudieron al parque central de Lipasam para sacar 15 vehículos que iban a ser reparados en talleres privados”. Tras cinco horas de conversaciones entre el comité y la empresa “y en medio de una situación en la que se empezaron a perder los nervios” finalmente, “se frenó la actuación municipal”.
Actuación que viene a sumarse a otras “irregularidades” ya denunciadas ante la Delegación de Empleo como el uso del personal de Protección Civil para la colocación de contenedores, la participación del colectivo 072 Reur para limpiar calles de la ciudad o que se haya mezclado los residuos recogidos en los contenedores con los de los centros hospitalarios, práctica tildada de “ilegal”.
Las declaraciones del concejal popular también encontraron la respuesta del portavoz socialista en el Ayuntamiento, Juan Espadas, quien criticó que Vílchez adoptara ayer “sencillamente una posición de fuerza”. “El Gobierno municipal intenta añadir más tensión al conflicto con declaraciones de línea dura”, dijo a la vez que recordaba que es “responsabilidad” del equipo municipal el resolver el asunto “cuanto antes”.
Para Espadas “resulta inaceptable que después de 72 horas [por ayer] aún no medien negociaciones” sobretodo cuando “el propio comité ha desautorizado los actos vandálicos y ha llamado a los trabajadores a cumplir los servicios mínimos para que no se conviertan en un argumento del PP en su estrategia de demonización”. “Se deduce –continuó– que el Gobierno local busca añadir más tensión”.
De otro lado, reclamó al Gobierno municipal que no incurra en la contratación de talleres “externos” para resolver las averías surgidas en la flota de Lipasam, defendiendo que los trabajadores “están cumpliendo” los servicios mínimos decretados por la Administración andaluza. En la misma línea, el portavoz de IU-CA, Antonio Rodrigo Torrijos, criticó ayer la “actitud pirómana” del PP ante la huelga “promoviendo una brutal y peligrosa campaña de demonización de los trabajadores a base de mentiras y manipulaciones” mientras que Zoido, “permanece instalado en la soberbia”.
