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Zona Franca. Aquí paz y después gloria

Teófila Martínez obtiene una ‘compensación’ millonaria contra la competencia de Sevilla.

el 02 sep 2013 / 23:45 h.

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Cristóbal Montoro. Poderoso don dinero aplaca los ánimos, al menos en la política. Teófila Martínez acudió ayer a Génova, la calle más popular de Madrid, y regresó a su ciudad con un pan de 200 millones de euros bajo el brazo para acallar sus críticas a la autorización de una Zona Franca en Sevilla que la alcaldesa considera competencia directa de la gaditana. Un convenio marco con el Ministerio de Hacienda prevé tal inversión a lo largo de un lustro y, entre otras cosas, se destinarán a ampliar el recinto fiscal a nuevas áreas de la provincia, entre ellas Jerez de la Frontera y Algeciras. Se concibe, pues, como una compensación ante el posible impacto (menores ingresos) que pudiera tener el proyecto hispalense sobre el de Cádiz. Furia contenida. Solución intermedia entre una oposición frontal al recinto fiscal anexo al Puerto de Sevilla y el comerse éste con derecho al pataleo ya ejercido, con dardos constantes entre la regidora y el alcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido, también presidente de los populares andaluces –difícil defender la ambivalencia, con salidas de tono iniciales para después tratar de apaciguar los ánimos de una muy encendida Martínez–. Dos gallos de pelea en el corral del Partido Popular. Al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le ha tocado lidiar el asunto. Fue el objetivo de la ira de Cádiz al firmar el pacto con Zoido para la gestación de la Zona Franca de Sevilla. Pero si el acuerdo marco que ayer concibió para Cádiz incluye la ampliación de su recinto fiscal a media provincia gaditana, tendrá que atravesar trámites y obras, que coincidirán con la creación de la sevillana. Consultada Plaza Nueva al respecto, qué opinan del triunfo de la alcaldesa, ningún comentario, un silencio muy elocuente: haya paz entre las dos capitales andaluzas, que no colaboración, puesto que cada una ha hecho la guerra por su lado. Lo tuyo para ti, lo mío para mí. Queda por dilucidar, por tanto, si habrá sintonía entre ambas zonas francas para así buscar sinergias, compatibilidades. Al fin y al cabo estarán condenadas a entenderse por mucho que ahora mismo lo nieguen. Fue el propio Zoido, al percatarse de que la polémica con Cádiz se le había escapado de las manos, quien tendió puentes para el concordato, aunque sin sentarse a hablar en serio con Teófila Martínez. Desde aquí se veía la reacción de la regidora gaditana como exagerada, y desde allí como una defensa férrea del estatus fiscal que ha conseguido amarrar a las empresas industriales a una capital y a una provincia, Cádiz, que encabezan tradicionalmente las listas del paro en España. Pero lo logrado es una tregua, no una paz duradera puesto que el recinto fiscal de Sevilla depende en exceso del dragado del río Guadalquivir, que es el que realmente atará a las grandes industrias asentadas en la ciudad y su área metropolitana. Y en esa necesidad tampoco están dispuestos a dar su brazo a torcer en Cádiz –¿salvo que obtengan compensaciones por su impacto en los caladeros del golfo?–. Y otra cosa: mucha zona franca resulta la de Sevilla más la de Cádiz ampliada a La Línea, Jerez, Algeciras y el polígono de las Aletas. Sólo queda que el Puerto de Huelva alce también la voz con un y de lo mío, qué. Mientras tanto, los 200 millones arrancados ayer cogieron por sorpresa a la oposición socialista. Dos semanas atrás, el PSOE de las dos ciudades escenificó una unidad que reventó tras publicarse en el BOE la autorización oficial para el recinto fiscal de Sevilla el pasado sábado. No es que los socialistas gaditanos variaran una opinión que siempre fue de rechazo al proyecto sevillano, pero sus palabras contra éste subieron de tono al constatar que, lejos de haber colaboración y de que ambos alcaldes se sentarían a buscar sinergias, Cádiz se desayunaba el anuncio del BOE. En el PSOE de Sevilla consideren que era una reacción lógica por cuanto imperaban las tesis de Zoido frente a Martínez, de ahí la colérica respuesta contra una imposición, no colaboración. El dragado esquivará la nueva ley ambiental de Arias Cañete La nueva legislación medioambiental que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes no afectará a la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) para el dragado del tramo navegable del río Guadalquivir –desde su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda hasta el Puerto de Sevilla–. Es decir, que el proyecto no tendrá que someterse a otra tramitación. Fuentes del Ministerio dirigido por Miguel Arias Cañete confirmaron ese extremo, al carecer la nueva legislación –aún proyecto de ley– de carácter retroactivo. Es decir, la DIA del dragado está en vigor a pesar de haber transcurrido diez años desde que se emitiera, según determinó el equipo jurídico de ese departamento. Esto tiene sus pros y sus contras. En el lado positivo, el trámite no deberá partir de cero. En el lado negativo, el dragado no se beneficiará de la rapidez que la nueva norma imprimirá a las tramitaciones medioambientales, de ahí que el proyecto pueda seguir durmiendo el sueño de los justos. En concreto, el Consejo de Ministros aprobó el viernes la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que unifica las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental. “Simplifica y agiliza la tramitación de los expedientes e intenta reducir la dispersión legislativa y la disparidad de procedimientos que hay en esta materia”, indicó el Gobierno.

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